La extradición a Perú desde Japón del destituido jefe de Estado, Alberto Fujimori, refugiado en Tokio y con doble nacionalidad, se ha convertido en un desafío para Lima que cuenta aún con las pruebas para acusarlo está dispuesta a ir a las cortes internacionales.
El camino para que Lima logre la extradición está plagado de escollos legales, entre los cuales el más difícil de superar es la nacionalidad japonesa de Fujimori, que le otorga un paraguas protector, ya que Tokio no suele extraditar a sus súbditos, salvo casos excepcionales como delitos de lesa humanidad.
La dificultad se incrementa al no existir un tratado para tal fin entre Perú y Japón, lo que deja como único camino a las autoridades peruanas, en el caso de encontrar argumentos y pruebas convincentes, recurrir los tribunales internacionales para someter a un arbitraje la nacionalidad predominante de Fujimori.
La presencia en Lima del embajador peruano en Tokio, Luis Macchiavello, ha sido interpretada en medios de prensa locales como una evaluación de la estrategia que sigue el gobierno y acaso como la necesidad de ver cuánto afecta el caso Fujimori la buena relación bilateral.
