El presidente del Congreso brasileño, el senador Antonio Carlos Magalhaes, defendió ayer la anulación del mandato del diputado Jair Bolsonaro, quien el domingo afirmó en una entrevista que la dictadura militar (1964-1985) debía haber fusilado al actual presidente, Fernando Henrique Cardoso.
En ese entonces, Cardoso era profesor universitario en la Universidad de Sao Paulo.
"No tengo motivos para tomar conocimiento de las locuras de alguien que perdió el juicio y el sentido común. Yo creo que tendría que ser anulado su mandato, eso sí", dijo Magalhaes, del Partido del Frente Liberal (PFL, derecha), y apuntado como uno de los políticos más influyentes del país.
En una entrevista a una red de televisión en la noche del domingo, Bolsonaro -un ex capitán del Ejército y ahora diputado por el Partido Progresista Brasileño (PPB, derecha)- afirmó que la dictadura militar debería haber fusilado a "unos 30.000 corruptos", incluyendo el sociólogo Cardoso.
Después del golpe militar de 1964, Fernando Cardoso fue prohibido de continuar dando clases, y se exilió en Chile.
Para Bolsonaro, el número de muertos y desaparecidos -288 según datos oficiales de la Secretaria Comisión de Derechos Humanos vinculada al Ministerio de Justicia- que dejó la represión política en Brasil "es inferior al número de muertes ocurridas en Sao Paulo durante el último carnaval".
En esa misma entrevista, el polémico diputado reiteró su convicción de que el Congreso debería ser cerrado inmediatamente, ya que no sirve para nada. El representante del ministerio público en la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, y el presidente de esa cámara, Michel Temer, pidieron a la red Bandeirantes de televisión una copia de la entrevista de Bolsonaro, para analizar la gravedad de sus declaraciones.
En tanto, el portavoz presidencial Georges Lamaziere dijo que "afirmaciones de este tipo muestran que el diputado no se convirtió a la democracia. El presidente tienen la seguridad y espera que el Congreso tomará las medidas cambiables".
Bolsonaro afirmó que tiene todo el derecho de hacer esas declaraciones, amparado en su inmunidad parlamentaria.
En 1992, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de los Diputados abrió un proceso por falta de "decoro parlamentario" contra Bolsonaro, quien en un encendido discurso había defendido el cierre del Congreso.
En esa oportunidad, la CCJ absolvió a Bolsonaro al considerar que su condición de legislador le brinda inmunidad parar hacer declaraciones.
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