Los familiares de los desaparecidos pedirán a un juez que sustancia un proceso contra el ex presidente Augusto Pinochet, que lo interrogue por escrito en relación con la ejecución y desaparición de 72 prisioneros políticos.
El gobierno, en tanto, reiteró ayer la inconveniencia de que Pinochet formule declaraciones polémicas desde su arresto domiciliario en Londres, por cuanto desvirtúa la razón humanitaria que las autoridades chilenas han invocado para obtener su libertad.
El canciller Juan Gabriel Valdés se refirió así a declaraciones de Pinochet aparecidas en dos diarios londinenses el domingo y que hiciera en una mansión alquilada a las afueras de la capital británica, donde está detenido aguardando un proceso de extradición a España desde hace nueve meses.
"El exceso de declaraciones políticas y la pretensión de protagonismo político no muestran a una persona que puede estar en una situación que deba ser considerada desde el punto de vista humanitario", dijo Valdés. En sus entrevistas, Pinochet negó ser responsable de violación alguna de los derechos humanos durante su régimen y dijo ser el "único preso político" en Gran Bretaña.
Pinochet fue detenido cuando convalecía de una cirugía de espalda en Londres, por pedido de un magistrado español que pretende enjuiciarlo en España por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar impuesto tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973. Mientas, el diputado y abogado socialista Juan Bustos informó hoy que se elabora una serie de interrogantes que serán entregadas al juez Juan Guzmán, que tiene a su cargo desde enero de 1998 un proceso contra Pinochet, en el que hasta ahora se acumulan 28 querellas de organizaciones políticas, gremiales y humanitarias contra el ex gobernante.
El magistrado sometió a proceso a un ex general y otros cuatro altos oficiales por el secuestro de prisioneros políticos tras el golpe militar. Ayer, la Corte Suprema, en una decisión estimada como un espaldarazo a Guzmán, rechazó un recurso de los cinco ex militares y a juicio de abogados sentó jurisprudencia al establecer que no se puede aplicar una ley de amnistía decretada por Pinochet en 1978 en lo que respecta a los secuestros.
El ex presidente Patricio Aylwin destacó esta tarde la importancia de esa sentencia al decir que "significa que la Corte Suprema termina por aceptar la tesis de mi gobierno en 1991 de que la ley de amnistía no impide investigar hasta que se haya determinado el cuerpo del delito".
El juez Guzmán no ha interrogado hasta ahora a Pinochet, pero admitió hace unos meses que podría hacerlo por exhorto a Londres.
