Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pidieron ayer al ministro británico del Interior, Jack Straw, que entregue al general a España, en una marcha de rechazo a su eventual regreso a Chile en la que participaron más de 2.000 personas.
Bajo un sol de más de 30 grados, organismos de derechos humanos y sociales, representantes de partidos políticos y los familiares de las víctimas desfilaron acompañados con pancartas en las que se leía el texto "No a la impunidad" y con carteles con los rostros de los 1.185 detenidos desaparecidos que dejó el régimen militar (1973-1990).
Las banderas de España y de Gran Bretaña presidían la columna que marchó sin incidentes por cuatro manzanas del centro de Santiago y con la que sus convocantes pidieron a Straw que "pie en las víctimas" del régimen de Pinochet.
"Dicen que está enfermo, que no camina, pero sigue sana su mente asesina", era uno de los gritos más coreados por los manifestantes, que pedían también un "juicio a Pinochet".
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, al hacer uso de la palabra pidió a Straw que piense en los familiares de las víctimas en el momento de tomar su decisión definitiva sobre la extradición de Pinochet a España.
"Ministro Jack Straw, piense en los familiares de las víctimas, piense en las víctimas de nuestro país que dieron su vida para reconquistar la democracia. No pueden ser la razones de salud las que eximan a Pinochet de responder ante la justicia española", dijo la dirigente.
El 11 de enero Jack Straw anunció su decisión preliminar de denegar la extradición de Pinochet a España, por razones de salud, y dio un plazo, que prorrogó hasta este lunes, para que las partes completen sus alegaciones, tras lo cual decidirá definitivamente el futuro del ex gobernante militar chileno (1973-1990).
La decisión de Straw, generó expectación en Chile y fue saludada con alivio por el gobierno del presidente Eduardo Frei que había solicitado al ministro que contemplara las razones humanitarias para liberar al senador vitalicio, preso en Londres desde hace 16 meses a instancia del juez español Baltasar Garzón.
"Los dictadores no pueden ser absueltos por tener más de 80 años o porque enfermaron, la cabeza Pinochet la tiene buena y debe responder", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos.
"Queremos que el dictador sea sometido a proceso en España, el derecho internacional nos da esa posibilidad.Por eso ministro Straw en sus manos está esa decisión, nosotros aún confiamos en usted", agregó.
"El tiene derecho a un juicio justo y a un debido proceso y a toda la atención médica que requiera, pero lo queremos frente a la justicia española respondiendo por los crímenes cometidos en nuestra patria", reiteró la dirigente que agregó que en Chile, las fuerzas armadas "jamás permitirán que Pinochet sea juzgado".
En el acto también intervino la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Patricia Silva, quien calificó de "inconcebible" un eventual regreso de Pinochet.
"Es una vergüenza para el mundo y para toda la humanidad que a dictadores de esta envergadura y criminales que han extendido su accionar no sólo a este país sino al resto del mundo, les puedan allanar por esta vía (humanitaria) el camino a la absoluta impunidad", dijo.
La dirigente subrayó que Jack Straw está ante una decisión "trascendental para la humanidad" y pidió al ministro que "no sólo considere el estado de salud del dictador sino también "el estado físico y mental de miles de sobrevivientes de la dictadura y sus familiares que han debido soportar décadas de impunidad".
En tanto, el representante de los ex presos políticos Ricardo Froeden indicó que si Pinochet vuelve a Chile, el país debe recibirlo "con una protesta nacional" y auguró un año difícil y llamó a movilizaciones permanentes para que el ex jefe militar sea juzgado en los tribunales chilenos.
La marcha fue convocada por la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, que aglutina, además de las agrupaciones de familiares, a distintas organizaciones sociales, sindicales y organismos de derechos humanos.
