La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer un recurso del ex dictador Augusto Pinochet y declaró vigente la resolución que le ordenó declarar como acusado en juicios por violaciones de los derechos humanos bajo su régimen.
El fallo adverso a la defensa del actual senador vitalicio fue aprobado por dos votos contra uno, informó el procurador de los abogados querellantes, Carlos Barreaux, tras serle notificada la decisión.
El veredicto del tribunal significa que el juez de las causas, Juan Guzmán, puede seguir adelante en su programa para interrogar al general o, si éste no se presenta, avanzar con el sumario incriminatorio sin el cumplimiento del trámite de la entrevista, dijo el jurista.
La comparecencia de Pinochet ante Guzmán está fijada en alguna de las residencias del general, de 85 años, cuyo régimen militar se prolongó de 1973 a 1990.
Guzmán había dispuesto que el ex gobernante fuera sometido a exámenes médicos para determinar su estado de salud físico y mental el domingo y ayer, pero el acusado se negó a acudir.
Pinochet está acusado de ordenar los 75 fusilamientos cometidos por una delegación militar que recorrió varias provincias del país en octubre de 1973, al mes siguiente del cruento derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende y de su instalación en el poder.
La resolución de ayer de la Corte de Apelaciones "detiene las maniobras dilatorias de la defensa, se acaba el show", dijo el abogado querellante Hugo Gutiérrez. "Tengo el convencimiento de que este interrogatorio debe efectuarse previa orden de arresto.
LAGOS PIDE CONTINUAR AVERIGUACIONES
El gobierno chileno del Presidente Ricardo Lagos instó ayer a seguir averiguando el destino de detenidos desaparecidos bajo la dictadura de Pinochet y dijo que las admisiones militares sobre el exterminio sistemático de opositores, "no cierran el capítulo".
"Hay casi 700 personas que no han sido encontradas y que es necesario seguir buscando", manifestó a la prensa el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, tras reiterar el reconocimiento a las fuerzas armadas por la decisión de confesar ilícitos y responsabilidades, 10 años despues del fin del régimen de facto (1973-90).
