E l sábado 16 de febrero de 2008, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto Ejecutivo #2, por el cual se reglamenta la seguridad, salud e higiene en la construcción. Esto se da después de años de atraso, ocho meses de reuniones y consultas y las protestas de los trabajadores. Pero ya el MITRADEL había publicado como "medida de urgencia" el Decreto Ejecutivo 15 sobre el Oficial de Seguridad en la Construcción en julio pasado; se suponía que esta medida iba a reducir los accidentes fatales. La realidad fue otra y la medida no redujo nada y bajo la presión del SUNTRACS ahora aprueba un reglamento en forma apurada que está plagado de errores e inconsistencias en muchos de sus 400 artículos.
La publicación del reglamento es un paso importante para solucionar el problema de los accidentes en la construcción que han causado cerca de 60 víctimas fatales en los últimos dos años. Pero tampoco se debe aprobar un reglamento tan importante como este, sin hacer los análisis necesarios. El documento contiene una serie de errores técnicos que indican que el mismo no fue revisado apropiadamente. Por otro lado, el Ministro de Trabajo indicó que las partes tienen 30 días para enviar sus comentarios, pero es el MITRADEL el responsable de revisar el reglamento no la CAPAC, el SUNTRACS o cualquier otro gremio.
El reglamento tiene 114 páginas y sería muy largo analizarlo a fondo en este artículo. Sin embargo, hay dos aspectos importantes a considerar. El primero de ellos es el costo de la implementación del reglamento y el segundo su fiscalización.
¿Se hicieron los estudios económicos para determinar cuánto le costará al país la implementación del reglamento? Aunque la seguridad y salud ocupacional no se debe considerar un gasto, tampoco se deben exigir requisitos de más que aumentarán los costos de las construcciones. Se pueden mencionar dos ejemplos para ayudar al lector a entender el problema. El reglamento exige la contratación de un "coordinador de seguridad"; un "encargado de seguridad"; un "oficial de seguridad"; varias "personas competentes"; "ingenieros profesionales registrados", higienistas ocupacionales, etc. que se fiscalizan unos a otros. Todos estos profesionales devengan un salario y en proyectos pequeños va a haber más personas responsables de la seguridad que trabajadores. Otro ejemplo es el requisito de elaborar un "plan de seguridad" además de un "estudio de seguridad" y un "sistema de gestión de seguridad"; cuando se analizan los contenidos, son muy similares y cada estudio cuesta dinero. ¿Cuál es el objetivo de todo esto?
El segundo aspecto es la fiscalización del reglamento para asegurar su cumplimiento; para esto se necesitan recursos. ¿Tiene el MITRADEL los recursos humanos necesarios para la fiscalización del reglamento? ¿Qué competencias tienen los nuevos inspectores nombrados? ¿Con qué equipos de medición cuenta para evaluar los ambientes de trabajo? La única institución del Estado que tiene todos los equipos de medición necesarios que exige el reglamento es la Caja del Seguro Social (CSS). ¿Tiene la CSS la capacidad para apoyar al MITRADEL en la fiscalización?
Otro tema importante para los trabajadores fue el tema de la salud ocupacional y los exámenes médicos. No se pusieron de acuerdo las partes y quedó la CSS con el problema. El reglamento establece en su artículo 24, que los trabajadores tendrán derecho a una revisión médica anual por parte de la CSS. Se estiman que hay aproximadamente 60,000 trabajadores de la construcción. ¿Cómo va la CSS a manejar este volumen de pacientes si no puede con la carga actual? Adicionalmente, los exámenes médicos ocupacionales requieren de una evaluación previa del puesto de trabajo para poder establecer qué exámenes hay que realizar; no se trata de que los trabajadores se presenten a la clínica a hacerse un examen médico general. Tomando en cuenta que un examen médico ocupacional puede requerir pruebas de audición, de función respiratoria, de la vista, exámenes de laboratorios, etc. - ¿Puede la CSS asumir estos gastos adicionales? ¿Qué hay de los miles de subcontratistas que no cotizan seguro social?
Los problemas arriba mencionados no son los únicos. Esto es grave ya que podríamos ver nuevamente al SUNTRACS en las calles protestando, esta vez porque el Gobierno no cumplió con lo que prometió.
La solución real al problema de la seguridad y salud ocupacional en Panamá no está en la publicación de reglamentos que no se pueden cumplir. Lo que hace falta es una política de Estado en lo referente a la seguridad y salud ocupacional para no seguir apagando fuegos y reaccionando cuando se dan accidentes o protestas. Se debería centralizar la gestión en un organismo (que se podría llamar "AUTORIDAD" para continuar con la moda) que plantee una política de Estado y pueda impulsar leyes y reglamentos técnicos debidamente analizados y consultados con la sociedad civil. De esta forma, el Gobierno se adelantaría al problema en vez de reaccionar cuando otros gremios salgan a protestar.
