LA MAYORÍA de los panameños consideramos que la tarea principal de este lustro es iniciar la ampliación del Canal de Panamá. La obra, si se aprobase este año y se iniciase para principios del 2007, se culminaría a más tardar en el año 2017.Creo que nadie medianamente sensato podría negar el impacto positivo que sobre la economía ejercería esta importante obra en el corto y mediano plazo, ya que aumentaría significativamente el empleo y el crecimiento económico para ese periodo, y podría sentar las bases de un despegue realmente estratégico para la nación. Además, Panamá consolidaría su importancia en el creciente y pujante comercio internacional, fortaleciéndose significativamente su ventaja comparativa mundial como país de tránsito y de servicios.
Por eso, a pesar de que se pueda argumentar que los estudios sobre la ampliación no estén listos, no es menos cierto que lo que falta es poco, según información suministrada a este servidor por altos directivos de la autoridad del canal, razón por la cual pensé que la primera acción del gobierno de Martín Torrijos, aprovechando el capital político de su imponente victoria, sería buscar la aprobación del pueblo panameño.
No dejo de reconocer la importancia de los otros asuntos que forman parte del paquete que debe atender el gobierno nacional, ya que el gobierno de la Sra. Moscoso, que se caracterizó por corrupto, incapaz y entreguista -y poco dado a enfrentar los retos fundamentales de la nación- sumió el país en un estado realmente deplorable en lo material y espiritual.
El legado de Mireya Moscoso de mil trescientos millones de dólares de déficit, mayormente consecuencia de la contratación de cerca de cincuenta mil botellas para convertirlas en votos, ha desviado peligrosamente la atención del gobierno de Martín Torrijos de lo que debió ser el objetivo central de su gestión.
Al paquete de medidas fiscales le seguirá, en orden de ejecución, el espinoso asunto de la Caja del Seguro Social y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, afectándose, irremediablemente, con estas legislaciones a la clase media, al sector empresarial y a la mayoría de los sectores populares.
Enfrentar estas tareas, priorizarlas y ordenarlas, constituye una decisión de estrategia política, lo que comúnmente llamamos un plan para gobernar, mismo que debe contemplar los tiempos, el ritmo de implementación, el capital político disponible, las políticas de alianzas que sumen a la causa a sectores políticos y sociales importantes del país, y otros elementos que son imprescindibles para llevar el barco del estado a puerto seguro.
Los trabajos de ampliación del Canal debió ser la tarea prioritaria, el eje principal sobre el cual debió gravitar todas la demás acciones del gobierno nacional.
Por qué se invirtieron los términos y por qué el gobierno no inició su gestión con el referéndum sobre la ampliación del Canal, siendo lo más importante para la nación, es algo que no nos podemos explicar. No puedo pensar que se haya dejado de último por que aún no se ha culminado el tratado de libre comercio con los norteamericanos, en el que sus contratistas aspiran lograr ventajas como nación más favorecida para la realización de la obra.
Lo que sí se puede prever es que si el calendario pasa por aprobar las reformas tributaria, las reformas a la Caja del Seguro Social y el tratado de libre comercio, se pasará por un alto desgaste del capital político; y la posibilidad de aprobar después la ampliación del Canal, resultará más difícil, pues sabemos por experiencia que en estos referéndum los pueblos, más que votar sobre un tema específico, lo convierten en un acto de condena a los gobiernos que han implementado leyes que, aunque impopulares, son inevitables para cualquier gobierno que se precie de ser responsable.
De allí que los estrategas políticos del gobierno podrían haber equivocado el orden de prioridades y confundido el contundente triunfo electoral, que es una cosa, con el arte de gobernar que es otra, poniéndose en peligro la estratégica ampliación del Canal de Panamá, la que sin duda contaría con el apoyo de la inmensa mayoría nacional, si esta fuese antecedida por una campaña publicitaria para sumar adeptos.
Pues, para lograr el apoyo de la gran mayoría de los panameños, hubiese sido necesario hacer conciencia de la trascendencia de las obras del canal, sus beneficios directos e indirectos y sus efectos en la economía en los próximos diez años. Considerando que ese es aún el gran eje sobre el cual debe centrarse el plan de gobernar para, a partir de él, ir creando la gran alianza nacional -que incluso hubiese permitido apoyos para implementar las otras ineludibles tareas- se pierde oportunidad de hacer todo esto saliendo más fortalecidos, tanto el gobierno como el gobierno y el país.
Haber invertido el orden de prioridades y no haber ganado desde un inicio a favor de la causa del plan de gobernar a vastos sectores sociales y políticos del país, podría elevar peligrosamente los costos políticos.
Así, quizás, se podrá ganar el lustro perdido a causa de la mediocridad arnulfista, pero el costo político a pagar sería innecesariamente inmenso, abriéndoseles amplias posibilidades a los lagartos de la neo oligarquía nacional, que desde ya apuestan al desgaste del gobierno, lo que se convierte en oportunidad de retomar el poder, esta vez de manera directa, es decir sin arnulfistas ni torrijistas. He allí la esencia -y el real peligro-de la inversión de las prioridades.
vi) la administración del sistema se facilita porque los nuevos métodos son transparentes para los contribuyentes -poca discrecionalidad del funcionario y de fácil aplicación, interrelacionados entre sí para coadyuvar en la detección de la evasión y la defraudación de impuestos.
vii) las multas contempladas, incluyendo la encarcelación son suficientes desincentivos a las actividades delictivas contra el Fisco.
Se mantiene la competitividad frente a nuestros competidores globalizados, sin dejar de aumentar las tasas de los servicios internacionales que brinda el país y elimina los cuellos de botella en su aplicación, que dificulta la administración y el cobro oportuno;
viii) además, se establece que las empresas, empezando con el presidente de la junta directiva, el gerente general, el director de finanzas y el auditor externo, certifiquen en una declaración jurada que la información proporcionada al director de ingresos, es fidedigna. Este redundará en beneficio a la naciente bolsa de valores de acciones y al sistema bancario;
ix) se moderniza la estructura y administración del impuesto de inmuebles y se crean los incentivos adecuados de acoger las bondades de esta nueva ley reduciendo la tasa máxima a pagar sobre la tierra y no el inmueble y se mantienen los incentivos fiscales a la construcción de viviendas menores de B/62,500.00.
Por ende, se deroga la reforma tributaria "saca-plata" sin caer en la politiquería de no retomar los pocos aspectos positivos y, adicionalmente, deroga la ley de fomento industrial, pozo de subsidio sin fin. El nuevo programa "Panamá Exporta" establecerá las modalidades y alcance de los aportes que dará el Estado al sector productivo bajo un esquema de participación de los agentes económicos, que son los actores protagonistas de la Patria Nueva.
La propuesta de las reformas fiscales presentadas por el Ministro Vásquez refleja la aplicación de los conceptos de lo que debe ser la política fiscal de un país, aplicada a las condiciones del Panamá de hoy, país de Suspicacia en camino a uno de Confianza por las siguientes razones:
i) se establece como Norte la equidad tanto vertical como horizontal - el tratamiento igualitario de los sectores públicos y privados y de las remuneraciones;
ii) corrige la regresividad de la carga del sistema tributario - se establece claramente quien gana más, paga más;
iii) se reenfocan los subsidios, desde quienes tienen más a los más necesitados: los pobres;
iv) se pone fecha de cumpleaños a la mayoría de las escapatorias de los incentivos fiscales, mientras se dejan aquellos que tienen verdadera utilidad para la sociedad;
v) con el impuesto sobre la renta mínima alternativa, junto con la clara definición del concepto de la territorialidad, se eliminan las escapatorias más notorias.
i) se detiene el rumbo hacia la argentinización y se establecen las condiciones de saneamiento de las finanzas públicas;
ii) se aumenta el ahorro del sector público y, por ende, el país crea la base para el desarrollo autosostenible.
iii) se establece la universalidad de la carga tributaria a todos los sectores evitando seleccionar los ganadores y perdedores sectoriales, así como entre los sectores.
Esta no es una reforma fiscal tradicional ni refleja la receta de ningún organismo internacional como el FMI. Es la propia aspirina panameña que toma en cuenta nuestra etapa de desarrollo y desajustes socioeconómicos. Esta afirmación está claramente sustentada en el hecho de que, a pesar de que el impuesto al consumo - el ITBM - es de fácil aplicación y administración, también tiende a ser regresivo. A contrario sensu, la mayor carga tributaria sería sobre los ingresos de los más aventajados de mayores ingresos, sin ser confiscatoria.
La introducción del concepto del impuesto sobre la renta mínima alternativa (IRMA) asegura que las escapatorias se eliminan y reducen la discrecionalidad del funcionario, junto con las declaraciones juradas entre los dignatarios, ya especificados, (nuestro Sarbannes Oxley - autores de la ley norteamericana) nos pone en la vanguardia de la modernización de la responsabilidad y seriedad financiera.
Este factor hará más sólido el sistema bancario y nuestra bolsa de valores fortaleciendo la institucionalidad del país; por ejemplo, no debe haber en el futuro los sonados casos de quiebra ficticia y fraudulenta como los de ADELAG y Fotokina; hechos que han sido negativos a todos los prestatarios tanto empresarial es como a los consumidores.
La aprobación de esta Ley debe reflejarse en el costo de financiamiento que paga el sector público y, el famoso "spread" o margen del riesgo país que paga Panamá debe empezar a reducirse, lo que a su vez implica que los recursos destinados a pagar por nuevas contrataciones de financiamientos serán menores que lo que hubiera sido sin la brecha heredada en las finanzas públicas; por supuesto, esto implica que habrá mayores recursos a destinar a las tareas sociales de la Patria Nueva. En realidad, todos los panameños se beneficiarán, porque al reducirse el costo del riesgo país, los agentes económicos del sistema bancario deben recibir una reducción en el costo de los préstamos tomados en el futuro y habrá una mayor oferta de financiamiento.
Finalmente, al terminar el quinquenio se estima una mejoría en éste último aspecto que los panameños deben gozar una reducción en el "spread" de por lo menos un por ciento. Todos contribuimos para que todos ganemos.
Las reformas fiscales propuestas que se estiman producirá, entre nuevos ingresos y gastos reducidos a un nivel de unos 300 a 350 millones para cerrar la brecha y cambiar el rumbo del país: tarea similar a las maniobras de cambiar en la dirección opuesta de un Porta contenedores Post Panamá Max.
Ahora es cuando en Panamá, vamos a arreglar la casa.
¿Podremos ganar el Lustro Perdido?
Los trabajos de ampliación del Canal debió ser la tarea prioritaria, el eje principal sobre el cual debió gravitar todas la demás acciones del gobierno nacional. Por qué se invirtieron los términos y por qué el gobierno no inició su gestión con el referéndum sobre la ampliación del Canal, siendo lo más importante para la nación, es algo que no nos podemos explicar.
