La presencia ayer, jueves, de la Policía Financiera en las sedes de los clubes de la Primera y Segunda división italiana de fútbol, donde han recogido copias de documentación relativa al periodo 1999-2003, da una nueva alarma a un sistema que vive a menudo sobre el filo de la navaja merced a ejercicios contables, cuando menos, discutibles.
En total han sido 53 las sedes visitadas por la Policía Financiera, entre ellas la propia Federación Italiana de Fútbol (FIGC), en Roma, y la Liga Profesional (Lega), en Milán.
En todos los casos, y bajo el mandato de la Fiscalía de Roma que conduce la investigación sobre los balances de los clubes de fútbol, los investigadores han procedido a hacerse con copias de la documentación COVISOC (sociedad de control económico de los clubes) en el periodo 1999-2003, relativa a la admisión a los campeonatos de Serie A y B (equivalentes a la primera y segunda división).
Unos ejercicios contables que deben obligatoriamente ser enviados mucho antes del inicio de la temporada por cada club a la COVISOC, organismo que debe controlarlos y verificar si económicamente cumplen las condiciones fijadas para poder dar "vía libre" a la inscripción del club al próximo campeonato.
En la FIGC la policía ha obtenido hoy documentación de esos años sobre los contratos de los jugadores que proceden del extranjero o que salen de Italia, mientras que el la LEGA los relativos al movimiento del "mercado interno".
Todo ello dentro de una investigación, de momento abierta contra "desconocidos", ya que aún no existen personas investigadas, coordinada por el fiscal jefe de Roma, Ettore Torri, y de sus ayudantes Maria Cristina Palaia, Luca Palamara y Silverio Piro.
La actual investigación se trata de la una unificación de dos precedentes: la primera, sobre los avales en el mundo del fútbol, que llevaba la fiscal María Cristina Palaia; y la segunda, abierta más adelante por los otros dos fiscales, sobre los balances de los clubes de fútbol. Ambas investigaciones se unificaron y pasaron a ser coordinadas por el fiscal jefe Torri. Eso sí, los distintos organismos no desean hablar de "registros" ni de "incautación" (no se llevaron los originales) de documentos sino de "presencia policial para hacerse con copias".
Dos de los puntos más perseguidos por los fiscales son los relativos a los contratos de imagen de los jugadores y el de las denominadas "plusvalías" .