En Nuestra Patria de hoy que transita desde una Sociedad de Suspicacia a una de Confianza, la tarea es muy compleja y sensible y exige una reforma fiscal profunda.
Empero, antes que entremos en la materia es menester examinar la distribución de ingresos en cifras más detalladas que la descripción anterior, para luego examinar la incidencia, que sobre ella tiene la política tributaria. En el cuadro No. 1 se encuentra la distribución de los ingresos per cápita por los deciles de los 650 mil hogares que conforman la querida Patria.
Analizando la Tabla encontramos que el decil más rico tiene ingresos totales 63.6 veces mayores que el decil más pobre; además, la media de los primeros es 23% mayor que la mediana - es el punto intermedio, 50% arriba y 50% abajo - que implica que aún dentro del último decil los más ricos son sustancialmente más ricos que los demás. Igualmente, en sentido inverso el fenómeno se da dentro de los más pobres porque la media está debajo de la mediana que implica que las condiciones de los más pobres son verdaderamente paupérrimos - lo anterior es fácilmente ilustrable con el caso de los indígenas.
Como dijo la autoridad mundial Dr. Ricardo Paes de Barros, en su estudio hecho para las Naciones Unidas "La Igualdad como Estrategia de Combate a la Pobreza en Panamá" "Panamá por consiguiente, cualquier persona que viva en una familia con ingreso promedio arriba de B/.400 por persona/mes pertenecerá al 10% más rico del país. Además cualquier persona que viva en una familia con ingreso promedio arriba de B/.1,500 por persona/mes, pertenece al 1% más rico del país."
Si en la sociedad suspicaz la distribución del ingreso no es equitativa la presión tributaria, es también injusta.
Lo anterior lo demuestra el cuadro ya que los mas pobres pagan 4.6 veces mayor que los más ricos y por supuesto los más pobres pagan más aún dentro de su propio decil y no tengo duda que el 1% más rico, paga menos proporcionalmente dentro de lo suyo.
Esto nos indica que la distribución de la riqueza como suele ocurrir en países de economía de mercado, es extremadamente desigual.
Eso no quiere decir que pagan menos en términos absolutos. Lo que sí no hay duda es que el sistema tributario es regresivo también.
Del lado de los gastos sin disponer de información detallada, indudablemente la situación es parecida, porque a pesar que Panamá dedica importantes recursos al gasto social dentro de la región, como lo muestra su ranking, el mero hecho que los pobres son tan pobres es porque están excluidos del flujo de transferencias gubernamentales.
En conclusión los excluidos son verdaderamente excluidos y mientras la presión tributaria en términos absolutos es poca, la regresividad se debe a la falta de ingresos que tiene que ser subsanada por una reorientación y focalización hacia los pobres, los subsidios y a los servicios del Estado. Sin paternalismo pero sí, con el apoyo decidido ligado íntimamente con el mejoramiento de la productividad de la generación adulta, la escolarización y capacitación de los párvulos y jóvenes. Tenemos que romper el ciclo de la pobreza en nombre de la solidaridad cristiana y ética y del auto interés bien entendido de los demás miembros de Panamá.
Recuerdo las palabras de Dietrich Banhoffer, ¿qué clase de sociedad vamos a legar a nuestros hijos? Eso tiene mucho que decir con respecto a quiénes somos.
Los principios de Política Tributaria
El norte de la política tributaria debe ser un sistema que tenga las siguientes características:
Todos, deben contribuir proporcionalmente, sin excepciones, porque Panamá pertenece a todos y los ingresos que el Estado requiere para su sostenimiento es un deber de todos poner algo sobre la mesa para que puedan disfrutar en igualdad de las bondades de su fruto.
Lo más sencillo posible en cuanto al número de tributos que se aplican.
Que los tributos contemplados sean de fácil aplicación.
Que sean transparentes para los contribuyentes -poca discrecionalidad del funcionario.
Equitativo horizontalmente -quienes perciben los mismos ingresos deben pagar más o menos el mismo nivel de impuestos, sujeto al patrón de gastos de cada uno.
Equitativo verticalmente -quienes ganan más, pagan más. Eso no implica que el Estado debe actuar como el famoso Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres, el espíritu es innato de una Sociedad que predica y practica la justicia social.
Económicamente neutral en cuanto a su presión sobre las distintas actividades económicas -no debe existir renta económica (ingresos que no respondan a la actividad en sí, pero sean una dádiva del Estado).
Guardar la competitividad del Panamá frente a la economía globalizada -ni mayor que nuestros más fuertes competidores ni mucho menor que ellos.
La interrelación entre ellos debe ser un conjunto que permita la eficiente detección de la evasión y defraudación.
Las multas deben reflejar la realidad, si son demasiado severas son inoperantes porque no se pueden aplicar y si son demasiado ligeras no desestimulan la actividad delictiva.
Debe existir la posibilidad de aplicar las leyes del Código Penal porque la defraudación al fisco es un acto de apropiación indebida de los recursos de todos: un acto de corrupción.
Su diseño debe cubrir la mayor amplitud de bienes y servicios de al menos, el mercado local, con las excepciones bien definidas y limitadas a la menor tasa consecuente con los niveles de ingresos requeridos.
Los "incentivos fiscales" deben ser vistos como son: gastos tributarios. Mientras es cierto que los incentivos fiscales responden a orientaciones de las políticas públicas pertinentes a momentos de la vida de una Sociedad de Confianza no es menos cierto que constituyen un subsidio a quienes lo reciben, o sea, un gasto de los recursos del fisco.
El comportamiento conocido como "buoyancy" que refleja una alta correlación muy cerca de uno con relación al crecimiento de la economía. O sea, que los ingresos fiscales deben estar a la par con el crecimiento económico.
Finalmente, la estructura administrativa y operativa que recauda los ingresos tributarios debe responder a los criterios de la carrera administrativa con relativa autonomía presupuestaria y selección de su personal operativo. La política partidista, el famoso amiguismo y los espacios políticos no tienen cabida en el escogimiento del personal que labora en dicha actividad.
El Estado tiene que ser fuerte para lograr el consenso que sea necesario para impulsar y conducir los debates políticos con la sociedad civil, de tal suerte que podamos coadyuvar a la sociedad a lograr su transformación en la búsqueda del desarrollo de las libertades. En tal sentido, la función primordial de la fortaleza del Estado está en la habilidad y capacidad de facilitar y liderizar la consecución de las reglas del juego que sean las más eficientes y eficaces en la articulación de nuestra economía competitiva de bienestar social torrijista.
El Estado requiere tener una política fiscal eficiente y equitativa, que le permita brindar el apoyo requerido por todos en su justa dimensión con énfasis en aquellos históricamente menos favorecidos. Se requiere un Estado fuerte y eficaz y no uno grande y abarcador que quiera ser todo para todos.
El Gobierno tiene que adelgazar, ponerse ágil, eficiente y eficaz y dejar de ser visto como empleador de primera opción: En el porvenir el Estado no debe y no puede ser una agencia de empleo, ni siquiera en última instancia. Se necesita la atención urgente a este principio por el abultamiento de la planilla después de la administración Moscoso.
Para tales fines, es necesario llevar a cabo la implantación de la carrera administrativa y el desarrollo y ejecución de una ley de sueldos del sector público. En cuanto a ésta última, su puesta en marcha requerirá gran entendimiento y capacidad de negociación por parte del ejecutivo y una madurez y comprensión del funcionariado público para no usar dicha negociación para lograr un de aumento salarial no programado del sector público. Recordemos que el resto de la sociedad paga esos salarios, algunos con sus tributos, otros con la falta de atención en salud, educación, vivienda o un deficiente sistema judicial.
Sobre la llamada de comprensión, se hace más patente, la llamada de atención a los 82 mil funcionarios públicos amparados bajo leyes especiales y acuerdo de huelga organizado bajo el patrón del país corporativismo del país de suspicacia porque aumenta la planilla del Estado en más de 45 millones por año sin la correspondiente productividad y por ende es una sustracción de los de más panameños.
(ver cuadro en el suplemento “Semblanzas” del diario impreso).
