Académicos, intelectuales, políticos y organizaciones civiles de México exigieron ayer que sean puestos en libertad casi mil estudiantes detenidos por su implicación en la huelga de la UNAM, la principal universidad del país, que comenzó en abril del pasado año.
El Gobierno mexicano recurrió a la intervención de las fuerzas de seguridad para acabar con el conflicto, a cinco meses de las elecciones presidenciales.
Unos 2.500 policías federales terminaron con casi diez meses de huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y tomaron las instalaciones a primeras horas de la mañana sin encontrar resistencia.
Los agentes, armados con porras, detuvieron a 745 alumnos vinculados con el Consejo General de Huelga, órgano que representa a los sectores radicales del movimiento estudiantil, que se suman a los más de 200 arrestados el martes pasado por enfrentamientos con compañeros contrarios al paro.
La orden de tomar por la fuerza las instalaciones, dictada por el presidente de México, Ernesto Zedillo, desencadenó todo tipo de reacciones, aunque prácticamente todos los sectores sociales coincidieron ayer en exigir una "amnistía" para los detenidos.
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, fue uno de los primeros en pedir la libertad "inmediata e incondicional" de los estudiantes que no cometieron delitos y de los menores de edad.
El sindicato de trabajadores de la UNAM condicionó su retorno al trabajo a la salida de la policía de las instalaciones y a la liberación de los estudiantes sobre los que no pesen cargos.
El escritor Carlos Monsivais advirtió de que sin la liberación de los alumnos "se condena al país al ahogo", y el intelectual Luis Villoro denunció que este "día de luto" para la universidad puede agravar aún más el conflicto.
El comentaristas Federico Reyes Heroles lamentó la solución "extrema" adoptada por las autoridades, aunque apuntó que la protesta "devino en un movimiento turbio, donde tenían metidas las manos partidos y quizá algún grupo guerrillero".
Las denuncias sobre la politización y la implicación de grupos guerrilleros en el movimiento, denunciada entre otros por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida, no se ha confirmado hasta ahora.
La policía mexicana, que no permite el paso de la prensa a las instalaciones universitarias, no encontró armas ni indicios de estas vinculaciones.
Labastida lamentó que se haya recurrido a la solución "jurídica", pero agregó que "cuando el diálogo no da resultados se tiene que aplicar la ley".
Para el candidato de la Alianza por México, el centro izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, las autoridades "buscaron deliberadamente prolongar el conflicto para llevarlo a tiempos electorales".
Los agentes policiales permanecerán en la UNAM varias semanas, mientras los huelguistas que no fueron detenidos proseguirán con asambleas en otros centros de la Ciudad de México.
Analistas y académicos coincidieron también en que el conflicto obliga necesariamente a reestructurar la universidad más importante de México, con más de 270.000 alumnos.
Algunos se inclinan por la descentralización mediante la creación de unidades docentes autónomas y otros temen un supuesto proyecto de privatización.
La UNAM, con un presupuesto próximo a los mil millones de dólares, acoge más de la mitad de la actividad investigadora de México.
La huelga comenzó el 20 de abril de 1999 en protesta por el incremento de tasas, congeladas durante 50 años, pero derivó en un movimiento en defensa de la educación universal que no cedió tras la retirada del aumento ni la renuncia del entonces rector, Francisco Barnés.
Durante el conflicto, dirigentes empresariales advirtieron de que no contratarían licenciados de la UNAM y miles de estudiantes se inscribieron en centros privados de enseñanza.
