Los tiempos que discurren en el sector justicia, reflejan día con día mayor inconformidad ciudadana con el mismo. La administración de justicia, constantemente está sometida a mayor crítica y censura de parte de distintas facciones políticas, organizaciones, y sobre todo de parte de la auto denominada sociedad civil organizada.
Ante tal repudió, académicos e intelectuales del mismo sistema judicial panameño, en conjunto con otras personalidades privadas y no gubernamentales, preocupadas por la materia, han propiciado, la toma de medidas paliativas, con la inclusión de normas procesales y constitucionales. De allí, que se ha dado pasó a un mejoramiento significativo y sobre todo se han fortalecido los mecanismos de acceso e información a ella.
En ese proceso de adecuación, también se ha cumplido con implementar mecanismos de regeneración del sistema. Siendo esta una labor constante y evolutiva, a la fecha siguen en permanente discusión, por parte de la Comisión Codificadora de la Ley Procesal Penal, otros medios que consientan en mejor forma el proceso hacía la democratización y modernización de la justicia panameña.
En esta transformación, además de reordenar la normativa existente, es menester hacer un cambio de mentalidad en el mismo operador de justicia, dado que son estos los que mediata y directamente se encargan de administrarla. El cambio que amerita haber en la comunidad humana que regenta justicia, radica en primer plano, en la formación cognoscitiva de moralidad y transparencia. En igual medida, es indispensable que dicho cambio impere también en el ánimo o disposición que debe ostentar el funcionario al momento de desarrollar sus funciones, así como también, al momento de atender y servir a la ciudadanía. Ello además implica, obviamente, que el funcionario judicial debe ser conocedor por formación y convicción de la Constitución, la Ley y de los lineamientos jurídicos modernos, de forma tal, que los despachos judiciales, dejen atrás la deplorable práctica de operar mecánicamente, o bien bajo un ejercicio trivialmente conformista de sus individuos.
No podemos soslayar, que en buena parte de los despachos judiciales y de instrucción ubicados a lo largo del territorio nacional, ejercen con decoro y meritorio desprendimiento muchos funcionarios, aún cuando se enfrentan en su diario bregar con innumerables limitaciones habidas del modelo y estructura del sistema.
Por ello, impera que en la modernización del aparato judicial, haya cabida al reconocimiento de la labor humana del servidor público. Dicha situación hasta la fecha no ha sido objeto de la debida atención, dado que se le ha dado mayor importancia a otros factores que menoscaban la administración, y que en efecto requieren del cuidado necesario, pero que en su afán, han hecho dejar atrás la verdadera realidad humana y social que atraviesa el operador de justicia.
La justicia panameña, como cualquier otra necesita del factor humano como pieza elemental de funcionabilidad. Por tanto es indispensable, en primer instancia, reflexionar sobre las funciones que ejerce el operador de justicia, el grado de responsabilidad que pesa sobre ellos, y la relevancia de los asuntos que están en sus manos decidir. Ante esto, el razonamiento lógico es el de revisar la estructura y legislación existente, entre ellas Carrera Judicial, así como también, estudiar cuales son los factores que han percutido en que el funcionario público judicial, no sea todo lo que se le exige.
Debemos entender que de raíz hay una gran deficiencia, y es que para el empleado judicial no se dan las facilidades mínimas, incentivos y mucho menos una retribución correspondiente con su delicada y loable labor.
La reciprocidad entre el trabajo y la remuneración, constituye de por sí un derecho humano reconocido en Convenciones Internacionales y Constituciones, en lo concerniente al derecho laboral. Adicional a ello, es por excelencia el medio idóneo para que el individuo logre un modo de vida decorosa, con la cual tenga las facilidades para mejorar su calidad profesional y académica, de ahí entonces que pueda brindar un mejor servicio institucional. Un salario justo y digno, es sin lugar a dudas, uno de los presupuestos más íntimos y necesario para alejar la corruptela de la función pública.
Es claro que la motivación personal del individuo, por medio de todas aquellas vías de afianzamiento emocional de la capacidad humana, como capacitar, incentivar y definitivamente remunerar al colaborador de justicia, conforme lo amerita su incomible labor, dará pie a que la mentalidad del mismo cambie para beneficio de los administrados.
El compromiso con el bien común requiere que el servidor judicial este conciente de que la función pública es patrimonio de todos, y que su responsabilidad radica en la satisfacción de la demanda social y no individual.
Los razonamientos de Montesquieu, nos revelan que lo comentado, tiene su génesis en la naturaleza imperfecta del ser humano. Por ello, dicho pensador al conceptuar lo relativo a la separación de poderes y sobre la formación del poder judicial, contempla la necesidad de que la administración de justicia, sea independiente. La independencia judicial involucra también libertad o autonomía económica, con la cual satisfacer responsablemente al personal que opera justicia, de forma tal, de que este, no vea desequilibrado su estado intelectivo y convicción jurídica, por tentaciones externas.
Este postulado, ha sido norte de innumerables legislaciones, e incluso es uno de los elementos esenciales, que enuncia la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual establece esa máxima en el literal c del artículo 7, como mecanismo de prevención de la corrupción, para la cual el Estado debe “fomentar una remuneración adecuada y escalas de sueldos equitativos”, así como también, debe proporcionarle “los recursos materiales” y “la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones” (Ibidem. Art. 6).
De allí, que como parte del mejoramiento anhelado, es propicio el momento para dignificar y redefinir el verdadero aporte que el operador de justicia realiza. Aunque lo comentado es parte determinante, existen aún otras situaciones por discutir y remediar. No obstante, podemos decir que con el reconocimiento respetuoso de la labor del servidor judicial, tendremos a mejores individuos, que responderán con superior probidad a sus funciones; un personal humano que tendrá mayores satisfacciones profesionales y personales por el trabajo que ocupa, y por ende habrá una justicia más rápida y eficaz, con la cual, indiscutiblemente se cortaran más, los tentáculos de corruptela que insisten en tentar la rectitud del sistema.
Financiamiento: un empréstito de B/.2,300 millones para cubrir los años picos de la inversión entre los años 2009 hasta 2011 con un período de gracia hasta 2015, el primer año de entrar en operación el Tercer Juego de Esclusas.
El período de la amortización sería hasta el 2022 (8 años).
Los resultados son los siguientes:
La tasa de retorno financiera de la ACP es del orden del 12%, muy buena para un proyecto de esta envergadura, mientras cumple con los egresos ocasionados por sus compromisos fiscales.
Los ingresos fiscales crecientes en relación con los años fiscales 2005 y 2006 durante el período de construcción, promedia B/750 millones. Cabe destacar que en el año 2005 el aporte fue de B/489 millones.
Como se puede observar, la propuesta de la Ampliación cumple con los lineamientos fundamentales esbozados.
Las evaluaciones ya presentadas del proyecto de la Ampliación demuestran claramente que éste, en conjunto con las transformaciones del sistema productivo, educativo y la capacitación, crea las condiciones para encaminarnos firmemente desde el tercer mundo hacia el primer mundo, tal como fue descrito en la analogía del primer artículo de esta serie. Sin duda, no podemos darnos el lujo de no encarar con valentía y decisión nuestro desafío generacional.
Por qué y cómo dignificar al Operador de Justicia
La reciprocidad entre el trabajo y la remuneración, constituye de por sí un derecho humano reconocido en Convenciones Internacionales y Constituciones, en lo concerniente al derecho laboral. Adicional a ello, es por excelencia el medio idóneo para que el individuo logre un modo de vida decorosa, con la cual tenga las facilidades para mejorar su calidad profesional y académica, de ahí entonces que pueda brindar un mejor servicio institucional.
