El presidente venezolano, Rafael Caldera, defendió ayer entre llantos la Carta Magna de 1961 que pretende reformar su sucesor Hugo Chávez y de la cual fue coautor, en su último discurso como mandatario ante el Congreso.
Caldera, quien cumplió 83 años el domingo, fue vehemente al afirmar, con voz quebrada, que está "convencido de que la Constitución de 1961, elaborada por el 92% de congresistas (...), es una excelente Constitución", a cuatro días de entregarle el poder a Chávez.
Chávez, teniente coronel (r) de 44 años y líder de una intentona golpista en 1992, convocará un referéndum el próximo 15 de febrero para que el pueblo se pronuncie sobre la elección de una Asamblea constituyente y amenazó al Congreso con su disolución si lo obstaculiza.
El presidente electo, férreo crítico de la "podredumbre" del sistema, pretende "refundir la democracia" y depurar las instituciones y el poder judicial.
Caldera afirmó que la vigencia de la actual constitución "durante casi 40 años es motivo de orgullo para las generaciones".
"Hubo momentos en los cuales se asomaba el peligro de que no se pudiera mantener la democracia. Recogí el desafío. Sin mayoría en el congreso, me mantuve aferrado a las normas constitucionales", afirmó.
El mandatario aseguró que "al fin y al cabo la más importante tarea que había que cumplir, la cumplimos: armar el rompecabezas y entregar el país en paz y en democracia. Hagamos todo de nuestra parte para que no se desarme de nuevo".
En un discurso de más de una hora, Caldera calificó la crisis financiera que afrontó en 1994 y arrastró a más de la mitad de los activos financieros del país, no sólo como "grave crisis económica sino social, política y moral".
Aseguró que entrega un "país en marcha" con reservas internacionales por encima de los 15.000 millones de dólares y una reducción de la deuda externa que pasó de 26.981 a 23.175 millones de dólares.
Resaltó que la economía creció 5,3% durante 1997, pero recordó que la baja "inesperada" de los precios del petróleo, principal fuente de divisas, condenó al país a una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de más del 7%.
Destacó como saldo positivo su política de privatizaciones que incluyó la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y otras importantes empresas, pero enfatizó que en ella hubo "dos excepciones terminantes y claras": la estatal petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Electricidad del Caroní (Edelca).
Admitió que la inflación alcanzó durante su gobierno la más alta cifra (103,6% en 1996), pero destacó que cerró el período en 1998 con un índice de precios del 29,3%.
No obstante, sus opositores destacan que durante su gestión el aparato productivo se paralizó, el déficit fiscal alcanzó el 9% del PIB y la pobreza aumentó.
