La Fiscalía mantuvo su severidad para sancionar al opositor "grupo de los cuatro" en una audiencia que terminó en la noche del lunes bajo un ambiente de mano dura contra la disidencia, generado en Cuba por una reciente ley contra la crítica política o periodística.
La fiscal Edelmira Pedriz confirmó ante los jueces su petición preliminar de seis años de cárcel para Vladimiro Roca y cinco para Martha Beatriz Roque, Félix Bonne y René Gómez Manzano (cada uno), los cuatro disidentes detenidos hace 19 meses.
"Los cuatro" integran el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, que suscribieron un crítico documento antigubernamental titulado "La patria es de todos" poco antes de su arresto.
La audiencia se realizó en el Tribunal Provincial de La Habana, ubicado en las calles 33 y 100, en Marianao, bajo estrictos controles policiales que impidieron el paso de periodistas, diplomáticos extranjeros y curiosos.
Sólo los abogados y familiares de los cuatro encausados tuvieron acceso a la sala, en una larga jornada de unas 13 horas de duración, dos de las cuales la empleó la Fiscalía para ratificar su petición inicial.
Un comunicado de la Fiscalía difundido ayer martes culpó a los acusados de tener una relación directa con Estados Unidos y su política de agresión hacia Cuba.
La fiscal Edelmira Pedriz demostró "la vinculación existente entre las actividades realizadas por los acusados y las modalidades de agresión a Cuba adoptadas por la política de Estados Unidos", dijo el texto.
Agregó que la Fiscalía constató que "los acusados recibieron apoyo financiero y material de organizaciones radicadas en los Estados Unidos", las que ejemplificó con "la entrega de dinero norteamericano en efectivo, computadoras y orientaciones para la promoción y desarrollo de sus actividades subversivas".
La acusación presentada por la fiscal fue "insultante y humillante", dijo Magalys de Armas, esposa de Roca.
El tribunal dispone ahora de 10 días hábiles para dictar sentencia contra los acusados, sobre cuya proyección existen opiniones divididas entre los observadores.
Algunos diplomáticos extranjeros opinan que el Gobierno mostró ya mano firme y que las sentencias definitivas podrían ser mas bajas que la petición fiscal.
La otra opinión espera que se mantenga la severidad presente en la petición fiscal y en varias decenas de detenciones de opositores previas, al parecer para evitar incidentes públicos, como ocurrió en procesos judiciales anteriores.
Periodistas de agencias independientes (sin estatuto legal) y otras decenas de disidentes fueron detenidos la víspera o retenidos en sus casa por advertencias policiales.
Fuentes de la disidencia confirmaron que esas personas comenzaron a ser liberadas en las primeras horas de ayer martes.
Los obispos católicos cubanos se mostraron preocupados y atentos ayer martes ante el clima político creado en la isla.
Los prelados hicieron votos porque "el mensaje de reconciliación y fraternidad que el papa dejó en Cuba (en enero de 1998) cale hondo en la sociedad cubana y en los ciudadanos de este país". En el extranjero, las críticas se multiplicaron en la prensa y por parte de responsables políticos en América Latina, Europa, Canadá y Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos condenó el juicio, que tildó de "afrenta al concepto más elemental de debido proceso" y exigió la liberación de los cuatro.
El Gobierno español, encargado de planificar los viajes reales, reiteró, por su parte, su voluntad de que la visita de los reyes a Cuba se produzca entre abril y mayo, pero no descartó posponerla.
El canciller canadiense, Lloyd Axworthy, estimó que el juicio y las detenciones de decenas de opositores constituyen "un retroceso importante" de parte del régimen cubano.
Aunque "los cuatro" son juzgados por el Código Penal antes de ser recientemente reformado, para medios políticos extranjeros en La Habana, el proceso transcurre en la atmósfera creada por la "Ley de Protección de la Indepencia Nacional y la Economía de Cuba", aprobada días atrás por el Parlamento.
La ley prescribe penas de entre ocho y 20 años para quienes de alguna manera apoyen, faciliten o colaboren "con los propósitos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares...".
En la mira de la nueva legislación está la prensa independiente y la oposición activa al gobierno, ambas actividades sin estatuto legal.
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