El Congreso de Colombia reanuda esta semana el debate para otorgar facultades extraordinarias al presidente del país, Andrés Pastrana, que permitan el intercambio de guerrilleros presos por militares y policías secuestrados por las FARC.
El Legislativo será quien en última instancia defina ese canje para lograr la liberación de los cautivos, declaró hoy el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera que propuso hace varios meses el "intercambio de prisioneros", tiene en su poder a más de 330 soldados y policías, algunos desde diciembre de 1987.
El jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, más conocido como "Tirofijo" (de buena puntería), propuso al Gobierno colombiano el intercambio de sus cautivos por los más de 480 rebeldes presos en distintas cárceles.
La propuesta del líder insurgente es "independiente" de la agenda de negociación acordada entre los delegados del presidente Pastrana y los de la organización guerrillera el pasado 6 de mayo.
Ricardo, el procurador general, Jaime Bernal Cuéllar, y un grupo de congresistas explicaron el domingo a "Tirofijo" y a algunos de los principales jefes de las FARC que antes del 20 de junio, cuando vence el actual período legislativo, Pastrana debe contar con las facultades especiales que permitan ese intercambio.
La comisión oficial que se reunió con la "cúpula" de esa guerrilla en Caquetania, remota localidad del amazónico departamento del Caquetá, en el sur del país, agregó que esos poderes extraordinarias para el presidente colombiano incluyen, cuando él así lo considere, la suspensión de causas judiciales y el otorgamiento de la libertad a guerrilleros presos. La suspensión de penas y procesos judiciales se debatirá durante la reforma constitucional, de tipo político, que debate en estos días el Parlamento, dijo la congresista Zulema Jattín, integrante de la comisión del Congreso que asistió a la reunión.
Jattin, sin embargo, destacó que se hace necesario que la guerrilla, por su parte, libere a todos los civiles que mantiene secuestrados.
El también congresista Roberto Camacho consideró que el intercambio de soldados y policías por guerrilleros "es inevitable" y se busca ahora que en ese canje se incluya a los civiles retenidos por los rebeldes. El Gobierno colombiano debe presentar esta semana al Congreso las facultades que necesitaría Pastrana para anexarlas al proyecto de reforma política que se discute en el Parlamento desde hace meses y que debe ser aprobado antes de concluir la actual legislatura.
Fuentes parlamentarias han insistido en que se hace urgente la definición de un mecanismo para aliviar la situación de los centenares de secuestrados y sus familias.
La reunión entre los jefes rebeldes y el Gobierno se celebró cuando en Colombia se espera con expectación el nombramiento de los negociadores de las dos partes para emprender el proceso de reconciliación.
Tanto el Gobierno como las FARC deben designar esta semana a sus delegados para la fase decisiva del proceso negociador, cuando se inicia el estudio de la agenda común, de doce puntos, acordada el 6 de mayo.
Las FARC mantienen en lugares desconocidos, presumiblemente en selvas y montañas del sur del país, a los soldados y policías secuestrados. Entre los rehenes figuran los retenidos en combates y acciones de gran repercusión en los últimos años, como la ocupación y destrucción de una base de comunicaciones del Ejército en el cerro de Patascoy, extremo suroeste del país, en diciembre de 1997.
También se encuentran en poder de las FARC las decenas de soldados obligados a acompañar a los rebeldes desde los combates de El Billar, en marzo de 1998, y en otros enfrentamientos armados, ocupaciones de pueblos y ataques a varias bases y puestos policiales en la primera semana de agosto del año pasado.