El gobierno del presidente Andrés Pastrana presentó al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) una propuesta sobre una total reforma del estado, desde la redistribución de la riqueza hasta un nuevo modelo político.
El temario de la negociación de la paz con la guerrilla, de 12 capítulos y 101 puntos, es tan extenso y complejo que, en caso de un eventual acuerdo, sería necesario convocar a una asamblea nacional constituyente para redactar una nueva Constitución.
La propuesta gubernamental comienza con fundamentos y mecanismos de la solución política al conflicto armado, incluyendo acompañamiento internacional e instrumentos de verificación de los eventuales acuerdos.
Dos capítulos están dedicados a dar prioridad a la protección de los derechos humanos, desvinculación de los niños y la población civil del conflicto, el problema de los secuestros con los cuales la guerrilla nutre sus finanzas, y un cese del fuego para facilitar las negociaciones de paz.
Jorge Briceño, considerado el jefe militar de la guerrilla, dijo esta semana que la tregua es posible, pero una vez que la negociación esté avanzada.
El gobierno propuso a la guerrilla una reforma de las fuerzas militares, para dedicarlas exclusivamente a la defensa de la soberanía, y darle a la policía una naturaleza civil.
El capitulo sobre estructura económica y social podría ser el más controversial. El gobierno acepta negociar puntos de la agenda de FARC como la eliminación de los monopolios, la situación de la deuda externa, redistribución del ingreso, y superación de la pobreza que agobia a más del 36 por ciento de los 40 millones de colombianos.
FARC mantiene su línea marxista de una economía planificada, con las principales empresas bajo el control del estado. El gobierno acepta en su agenda discutir la política petrolera, que debe estar orientada a la nacionalización de la industria.
La reforma política busca modificar la estructura de los partidos y del sistema electoral, para ofrecer garantías a las minorías y a la oposición.
Las reformas del Estado incluyen al Congreso, la justicia y la administración pública. El gobierno incluyó un punto sobre el tamaño del estado, que busca reducir, mientras que la guerrilla quiere un estado más amplio, que controle los medios de producción.
El último punto es la lucha contra el narcotráfico, mediante la creación de un laboratorio de erradicación de cultivos de coca en la zona sudoriental de Cartagena del Chairá.
Uno de los tres negociadores de FARC, Raúl Reyes, dijo después de recibir la propuesta del gobierno que el secretariado de la guerrilla tomará una decisión sobre la propuesta antes del 7 de mayo, cuando venza la vigencia de la zona de distensión, de 42.000 kilómetros cuadrados.
"El proyecto de agenda unificada es una base de discusión", dijo Fabio Valencia, presidente del Congreso y uno de los cuatro negociadores del gobierno, quien se expresó optimista por la continuidad de los diálogos, aunque todavía no ha comenzado la negociación.
Pero el politólogo Alfredo Rangel opinó que FARC continuará con su estrategia de dilatar las negociaciones, objetando el temario, dentro de "un juego para obligar al gobierno a que se levante primero de la mesa del diálogo".
