El gobierno colombiano señaló ayer que está dispuesto a conceder la libertad condicional a cientos de rebeldes encarcelados, si la guerrilla marxista de las FARC termina "para siempre" con el secuestro de personas, nacionales y extranjeras.
"Hemos propuesto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un acuerdo humanitario que permita la liberación de los insurgentes presos y que rescate la libertad personal como bien supremo del Estado social de derecho", dijo a los periodistas el ministro del Interior, Néstor Martínez.
Añadió que la insurgencia también deberá liberar a los más de 400 militares y policías capturados en combates en los últimos dos años y aceptar que un comité verifique el acuerdo humanitario.
El Gobierno propuso tal acuerdo a las FARC, pero los comentaristas señalaron que, de ser aprobado por el Congreso, se extenderá a todos los movimientos guerrilleros que se acojan a un plan de reconciliación.
Las FARC -el mayor y más antiguo de los grupos insurgentes del país, comprometido en una negociación de paz con el Gobierno del presidente Andrés Pastrana- exige un "canje" de sus combatientes encarcelados por los militares y policías que se hallan como "prisioneros de guerra".
El grupo marxista también ha rechazado en otras ocasiones incluir a los civiles "en cualquier acuerdo" que permita la liberación de los rebeldes presos y los agentes secuestrados.
Martínez dijo este jueves que el Gobierno no acepta el carácter de "prisioneros de guerra" que las FARC otorgan a sus rehenes, pues, indicó, "eso sería reconocerle el estatuto de beligerancia a la guerrilla".
"El balón está ahora en el campo de la insurgencia, ya que el gobierno ha sido claro en su propuesta para suscribir el acuerdo humanitario", señaló el funcionario.
Martínez declaró, además, que el Alto Comisionado para la Paz, Víctor Ricardo, promoverá la próxima semana una reunión con la jefatura de las FARC para discutir la propuesta oficial.
El ministro del Interior hizo el anuncio en la noche del miércoles, durante un debate en la Cámara baja del Congreso, en la que se discute la prórroga por tres años de una ley que otorga facultades especiales a Pastrana para negociar la paz con los rebeldes izquierdistas.
En ese debate, un grupo de parlamentarios de izquierda, encabezados por el ex jefe de la disuelta guerrilla del M-19, Antonio Navarro, propuso adicionar a dicha ley el tema del acuerdo humanitario.
Según las autoridades, los rebeldes izquierdistas, los paramilitares de extrema derecha y los delincuentes comunes mantienen secuestradas a más de 1.500 personas, entre colombianos y extranjeros, civiles y militares.
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