Un organismo defensor de los derechos humanos de Guatemala pidió ayer al Estado proteger a los miembros de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), ente que el próximo jueves entregará su informe sobre las atrocidades cometidas en la acabada guerra civil.
El director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Frank Larué, afirmó que los dos comisionados guatemaltecos Alfredo Balsells y Otilia Lux de Cotí "corren peligro".
El alemán Christian Tomuschat es el tercer integrante de la CEH, que el pasado 31 de enero concluyó su mandato regulado por el llamado Acuerdo de Oslo, uno de los diez que permitieron terminar la guerra civil de 36 años en este país centroamericano.
"Creemos que es obligación de toda la sociedad protegerlos y cuidarlos y, especialmente, el Gobierno tiene obligación de darle las garantías plenas a los dos", dijo a la prensa.
De acuerdo con Larué, la protección gubernamental para Balsells y Lux de Cotí debe correr a cargo de la Policía Nacional Civil y durante, al menos, dos años para "estar absolutamente seguros que no habrá respuestas contra ellos".
Una petición similar a la del activista de derechos humanos hizo ayer el matutino "El Periódico", que recuerda el asesinato del obispo auxiliar de la capital guatemalteca, Juan Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.
El crimen sucedió dos días después de que Gerardi y la jerarquía eclesiástica entregara el informe "Guatemala: nunca más", la primera recopilación de las atrocidades de la guerra civil.
El estudio fue realizado por el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) bajo la conducción de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), cuyo coordinador general era Gerardi.
El informe documentó más de 55.000 casos de violaciones de derechos humanos, el 80 por ciento de los cuales atribuye al Ejército, mientras que responsabiliza del 7,3 por ciento a la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
La hipótesis más lógica del asesinato de Gerardi, según el diario, se sustenta en que dicho hecho de sangre está vinculado con la difusión del informe REMHI.
"Con justificada razón entonces, se teme también por la vida de los integrantes de la CEH, después de que hayan dado a conocer el resultado de su investigación", afirma el rotativo al pedir anticipadamente protección para los comisionados.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico entregará su informe "Guatemala, memoria del silencio" el próximo jueves a la ONU, al Gobierno del presidente Alvaro Arzú, a la URNG y a los guatemaltecos.
El documento, de 3.500 páginas, fue elaborado después de veinte meses de investigaciones y en el acto de entrega serán distribuidos unos 10.000 ejemplares de una versión resumida con énfasis en las conclusiones y recomendaciones.
Entre tanto, el informe "Guatemala, memoria del silencio", que entregará el próximo jueves la Comisión de la Verdad, ha comenzado a crear expectación entre diversos sectores, incluido el Ejército, que esperan allane el camino para la reconciliación nacional.
La denominada Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), que preside el alemán Christian Tomuschat, junto con los comisionados guatemaltecos Alfredo Balsells y Otilia de Cotí, entregarán el informe en un acto especial en el Centro Cultural Miguel Angel Asturias, de esta ciudad.
El secretario general para Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Alvaro de Soto, recibirá el informe en representación de ese alto organismo.
La CEH también lo entregará al presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, y a los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), convertida ya en partido político, ambos signatarios de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996.
En el proceso para establecer las violaciones durante los 36 años que duró el conflicto armado interno participaron unas 252 personas, entre antropólogos, abogados, militares y expertos de al menos 32 países, quienes investigaron a 9.000 víctimas de la guerra.
El documento contiene 3.500 páginas, 82 de ellas con recomendaciones y conclusiones acerca de este proceso, que se inició a principios de agosto de 1987.
El informe documentó violaciones de los derechos humanos contra 42.000 personas y contiene casos específicos de masacres, torturas, asesinatos y desapariciones.
El director de la Comisión de Investigaciones de la CEH, el chileno Jaime Esponda, comentó que el proyecto interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), presentado el 24 de abril de 1998, fue clave para el trabajo porque ya había sensibilizado a las comunidades.
El REMHI documentó más de 55.000 violaciones de los derechos humanos durante la guerra, y le atribuye el 80 por ciento de los casos al Ejército y el 7,3 por ciento a la guerrilla.
El creador de este proyecto, el obispo auxiliar de Guatemala, Juan Gerardi, fue brutalmente asesinado a golpes en la cabeza 54 horas después de haber presentado el documento.
El ministro de la Defensa, general Héctor Barrios, comentó que la institución armada espera que "Guatemala, memoria del silencio", contribuya a la reconciliación nacional para que la desgracia no se vuelva a repetir en su país.
Barrios añadió que también esperan que la CEH identifique en su informe a todos los actores del conflicto armado, porque no sólo el Ejército y la guerrilla fueron protagonistas de la guerra.
En ese sentido, el coronel Mario Mérida señaló que la Iglesia Católica, las organizaciones estudiantiles, sindicalistas y terratenientes, y algunos países y personas extranjeras tuvieron que ver en el enfrentamiento.
El ministro de la Defensa anunció que una vez se conozca el informe de la Comisión de la Verdad, el instituto armado revelará el listado de sus muertos, heridos, incapacitados y las pérdidas que tuvo durante los 36 años que defendió al Estado del comunismo.
Mientras, el secretario privado de la Presidencia y ex negociador de los acuerdos de paz, Gustavo Porras, manifestó que el Gobierno espera que el informe refleje la realidad de los hechos y que también propicie la reconciliación entre los guatemaltecos.
El dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, por su lado, señaló que el documento deberá ayudar a determinar la ubicación de los restos de las víctimas de la guerra.
El GAM, que aglutina a familiares de 45.000 desaparecidos políticos, espera conocer los nombres de los autores materiales e intelectuales y de los gobiernos extranjeros que fueron cómplices de las múltiples violaciones, dijo Polanco, para quien el informe puede ser "un instrumento para destruir el muro de impunidad".
La organización humanitaria plantea, para lograr la reconciliación, el resarcimiento moral y económico a las víctimas y la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra los que violaron los derechos humanos.
Sin embargo, el acuerdo que creó la CEH establece que el informe no individualizará responsabilidades ni tendrá propósitos o efectos judiciales y que por el contrario sus recomendaciones deben favorecer la paz y la concordia para preservar la memoria de las víctimas.
