Miles de colombianos marcharon ayer por las calles del centro histórico de Bogotá, en medio de una inclemente lluvia, para exigir a las guerrillas izquierdistas y banda de delincuentes que entreguen a todos los secuestrados y cesen el uso del plagio como forma de financiación.
Al grito de "Libertad, libertad", la multitudinaria marcha concluyó en la central plaza de Bolívar, en donde se congregaron en primera fila los familiares de cerca de 60 rehenes tomados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segunda guerrilla colombiana, en un avión en vuelo en el nordeste del país y en una templo católico en el suroeste.
El acontecimiento fue convocado por organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la Fundación País Libre, y respaldada por las autoridades y los medios de comunicación.
Según las estadísticas de País Libre, en los últimos cinco años más de 7.000 colombianos y por lo menos un centenar de extranjeros han sido plagiados. Un 40% de los secuestros es atribuido directamente al ELN y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que con 12.000 integrantes es la principal organización rebelde.
Un estimativo privado señala que las dos guerrillas obtienen a través de los secuestros ingresos por 500 millones de dólares anuales.
"Este es un mensaje claro y contundente, con el que nuestra sociedad reafirma que está dispuesta a hacer todas las concesiones necesarias para lograr la paz, pero también que estamos en pie para defender nuestros derechos", señaló el alcalde mayor de la capital, Enrique Peñalosa.
"Los queremos vivos, libres y en paz", rezaba una gigantesca pancarta sostenida por los familiares de los civiles rehenes del ELN, que ocuparon un lugar privilegiado en la plaza.
El ELN inicialmente reivindicó los secuestros colectivos de civiles en el avión y en el templo, como un "acto político" para obligar al Gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana a ceder a sus exigencias para abrir un diálogo de paz.
Sin embargo, el pasado 17 de junio, uno de los integrantes del Comando Central de la organización, Antonio García, reconoció que se cobraría rescate por estos rehenes como "forma de financiar la guerra".
En la marcha también participaron familiares de cerca de 300 soldados y policías que las FARC mantiene como "prisioneros de guerra" y que la organización rebelde ha planteado al Gobierno canjear por guerrilleros presos.
