La tardanza británica para entregar al detenido ex dictador Augusto Pinochet un cuestionario judicial enviado desde Santiago será objeto de una protesta formal de Chile, anunció ayer el Canciller Juan Gabriel Valdés.
La nota oficial de reclamo al gobierno del Reino Unido será entregada en las próximas horas por el embajador chileno en Londres, Pablo Cabrera, dijo el ministro en rueda de prensa.
Pinochet, de 83 años, gobernante de Chile entre 1973 y 1990, fue detenido en Gran Bretaña el 16 de octubre del año pasado a petición del juez español Baltasar Garzón, que le atribuye responsabilidad penal en las violaciones a los derechos humanos bajo su régimen de facto.
La imprevista captura hispano-británica del inculpado, también ex jefe del Ejército y actual senador, frustró en Santiago su interrogatorio en una sucesión de querellas en su contra presentadas desde enero de 1998 por parientes de víctimas de los crímenes.
A comienzos de octubre, el magistrado que lleva los procesos en Santiago, Juan Guzmán, envió a través de las cancillerías de los dos países un carta rogatoria con 75 preguntas al militar, pero el trámite se detuvo en oficinas británicas.
Según Valdés, el documento estaría demorado en el despacho del secretario del interior británico, Jack Straw.
Además, el juez Guzman debió remitir directamente a Pinochet una copia del texto de interrogación, que debía ser entregada por el cónsul chileno en Londres a finales de esta semana, según precisó el mismo Valdés en una entrevista radial previa al anuncio sobre la presentación de la protesta ante el Foreing Office británico.
El mayor número de las preguntas de Guzmán se refiere al llamado caso de "La caravana de la muerte", la denominación de un escuadrón militar que fusiló a 72 presos políticos en octubre de 1973, días después del golpe militar que derrocó al mandatario socialista Salvador Allende e instaló a Pinochet en el poder.
La "caravana", de alrededor de 15 miembros, recorrió provincias del país encabezada por el general Sergio Arellano Stark.
Según un testimonio del entonces jefe del cantón militar de Antofagasta, general Joaquín Lagos, hoy retirado, Arellano exhibía un documento firmado por Pinochet que le encomendaba la misión de "apurar" el desenlace de los enjuiciamientos de los funcionarios y simpatizantes del gobierno allendista.
El juez Guzmán, que desde enero de 1998 a la fecha ha recibido 47 querellas contra el ex dictador, declaró reo a Arellano, quien en sus alegatos públicos de defensa afirmó que los fusilamientos de su caravana fueron cometidos a sus espaldas.
Según abogados de los juicios abiertos a Pinochet, la carta rogatoria que el magistrado envió a Londres, busca establecer la relación de subordinación entre el gobernante y Arellano.
Otras preguntas de Guzmán persiguen el mismo objeto en la vinculación con la policía secreta del gobierno pinochetista, la Dina/Cni, a la que se atribuye la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos. Los cargos que investiga Guzman son prácticamente los mismos que consigna el expediente del juez español Baltasar Garzon, que fue abierto bajo inculpaciones de "genocidio, terrorismo y torturas".
La extradición a España de Pinochet fue aprobada el reciente 8 de octubre por el tribunal de Bow Street de Londres, pero la sentencia es apelable. El juicio británico podría prolongarse hasta por dos años.
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