La difusión del informe sobre violaciones a derechos humanos durante la guerra civil guatemalteca, en el cual se señala el apoyo de Estados Unidos hacia las fuerzas oficialistas, suscitó ayer diversas reacciones de dirigentes políticos, diplomáticos y activistas.
"Me siento reivindicada. Todo esto ya lo sabíamos, era un secreto a voces de mi pueblo", dijo Rigoberta Menchú Tum, la activista indígena guatemalteca que ganó el Premio Nobel de la Paz por sus acciones.
El informe, titulado "Guatemala: memoria del silencio", fue presentado ayer por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).
Los diarios Prensa Libre y El Gráfico destacaron la referencia al apoyo que dio Estados Unidos a las fuerzas oficialistas y Cuba a los insurgentes en el informe. Prensa Libre tituló "Implica a la CIA y Cuba" al referirse al documento y El Gráfico destaca "EEUU y Cuba alentaron el conflicto armado".
"Es una declaración oficial de la historia que todos los guatemaltecos sabíamos", dijo Hellen Mack Chang, una activista de derechos humanos.
El embajador norteamericano Donald Planty, que estuvo en el acto de entrega del documento, defendió la posición estadounidense afirmando que algunas conclusiones del informe son "una interpretación falsa de los hechos".
"Yo creo que el enfoque principal del informe es el apropiado: que estos abusos fueron cometidos de guatemaltecos contra guatemaltecos", agregó.
El canciller Eduardo Stein Barillas dijo que el informe "resulta una de las mayores vergüenzas históricas del país".
El empresario agrícola Gustavo Anzueto Vielman protestó por lo que dijo era insuficiente énfasis en acciones violentas cometidas por la guerrilla.
"Qué casualidad: la guerrilla que asesinó y masacró a la población, ahora resulta que no hizo nada. Por ello, el informe ha perdido credibilidad", dijo.
Mientras tanto se ha informado que los comisionados de la CEH, Christian Tomuschat y Otilia Lux de Cotí viajarán a las Naciones Unidas para analizar las conclusiones del informe con el secretario general Kofi Annan.
El conflicto interno guatemalteco concluyó con la firma de un acuerdo de paz en 1996, según el cual las organizaciones guerrilleras pasaron a ser partidos políticos y el gobierno se comprometió a implementar reformas políticas y sociales.