La decisión del presidente Jorge Batlle de buscar la definición sobre los desaparecidos por razones políticas declarándolos muertos se estrelló ayer contra la negativa de los familiares que dijeron que nunca van a aceptar que "se decrete la muerte".
Javier Miranda, abogado y miembro de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas durante la dictadura militar (1973-1985), dijo ayer que el organismo rechaza declararlos muertos. En cambio, se aceptaría la sanción de una ley de ausencia por desaparición forzada, como se hizo en Argentina.
En Uruguay en el período dictatorial desaparecieron 30 personas, según los registros y estos episodios se enfocaron a través de una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado por el que se clausuraron juicios contra responsables de violar los derechos humanos.
Esta ley se sancionó por el Congreso en 1986 y en 1989 recibió el respaldo de más del 55% de los votos en un plebiscito. Por su lado, el Congreso amnistió a detenidos políticos con lo cual se esperó clausurar ese período de violencia.
Los organismos de derechos humanos no aceptan que los casos de desaparecidos esté laudado, contra la opinión de las fuerzas armadas que sostienen que las sanciones de esas leyes clausuraron las secuelas de la represión.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
