El Congreso de El Salvador aprobó, en forma preliminar, una reforma constitucional que hará posible la extradición de nacionales a otros países por delitos como asesinato, terrorismo, narcotráfico y genocidio, informaron ayer fuentes oficiales.
La reforma al artículo 28 de la Carta Magna, aprobada la noche del jueves por 76 votos de un total de 84, no contempla la posibilidad de extradición de los nacionales que cometan delitos considerados políticos.
"Es algo insólito el paso que estamos dando, porque estamos modernizando el combate contra la impunidad y el crimen organizado", señaló el diputado de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Figueroa.
Para que pueda entrar en vigencia, la reforma debe ser ratificada con al menos 56 votos (mayoría calificada) de la próxima legislatura, que asumirá funciones el próximo 1 de mayo. Sin embargo, no existe un plazo perentorio para esta ratificación.
El nuevo artículo constitucional establece que la extradición de un nacional deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, la nación que pida la extradición de un salvadoreño deberá asegurar el "respeto" a las garantías procesales del infractor, y no procederá si la legislación del país solicitante contempla la pena de muerte para el delito que se persigue.
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