Un fiscal que impulsa la investigación por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia relacionó ayer esos episodios con una explosión ocurrida en 1995 en una fábrica de armamentos.
El fiscal Carlos Stornelli y la justicia sospechan que la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero de la provincia de Córdoba, a 800 kilómetros al norte, fue un atentado tendiente a ocultar un faltante de municiones vendidas ilegalmente
"Tenía la íntima convicción desde hace mucho tiempo que lo de Río Tercero no había sido un accidente", dijo ayer Stornelli a la prensa.
La reacción de Stornelli se produjo un día después de que el fiscal federal Ricardo Massuet, de Río Cuarto, dijese que la explosión allí "no fue accidental".
La explosión causó la muerte de siete personas y destruyó por lo menos 4.000 viviendas de la ciudad y el posterior incendio terminó con miles de municiones y armas.
Stornelli recordó a las víctimas diciendo que "las de Río Tercero fueron las primeras muertes de una cadena importante" de decesos de funcionarios que se fueron sucediendo desde esa explosión, los cuales habrían sido provocados con la intención de encubrir las operaciones ilegales del tráfico de armas.
Sobre la situación procesal de funcionarios, ex funcionarios y militares implicados en la venta de armas, Stornelli dijo que "los funcionarios complicados... siguen complicados".
Como el tema está cobrando otra vez creciente relevancia -tras meses en que se alejó del candelero- otro de los que habló ayer fue el jefe de gabinete Jorge Rodríguez.
Dijo que si en Río Tercero "hubo un hecho delictivo, los que lo hicieron tendrán que pagar".
Rodríguez, en declaraciones a la prensa, volvió a desvincular del caso de la venta de armas a los ministros de Relaciones Exteriores, Guido di Tella, y de Trabajo, Ermán González, a quien un juez les endilga una presunta responsabilidad en el tema.
El siniestro en Río Tercero pareció en principio un accidente, pero luego se acentuaron las sospechas sobre la posibilidad de un atentado para ocultar el faltante de municiones vendidas ilegalmente por la estatal empresa Fabricaciones Militares a Croacia, entre 1991 y 1995.
Los investigadores sospechan que entre los elementos faltantes de la planta a raíz de la explosión habría miles de proyectiles de 105 y 155 milímetros vendidos a Croacia. El faltante ascendería a unos 30,000 proyectiles.
