El periodista Jorge Olavarría, uno de los principales asesores del presidente Hugo Chávez, renunció a la comisión constituyente, en discrepancia por la forma como fue redactado el decreto del referéndum constituyente.
La renuncia de Olavarría se hizo pública cuando el principal partido opositor, el socialdemócrata Acción Democrática, impugnó el decreto ante la Corte Suprema de Justicia, que anteriormente dio razón a la postura de Chávez de que podía llamar el referéndum desde la presidencia.
La oposición en el Congreso sostenía que únicamente podía hacerse desde el parlamento.
El controversial decreto llamando a un referéndum constituyente para "transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico", incluye dos preguntas en la consulta: la primera, si la población desea la reforma de la Carta Magna, y la segunda si el pueblo autoriza al presidente fijar las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea". Olavarría declaró que se quedó perplejo no sólo por el apresuramiento, sino por la pésima redacción del decreto, que, aseveró, "es un esperpento, una Sostuvo que el gobierno ha debido informar a la población para que en caso de que la primera interrogante fuera respondida afirmativamente, se regulara mediante decreto la participación en la Asamblea Constituyente.
El decreto de Chávez apunta, sobre todo, a erradicar a la clase política tradicional de la redacción de la nueva Carta Magna, que según él constituirá el nuevo contrato político y social del país.
"Estamos operando bajo el deslumbramiento del falso democratismo del referéndum y del plebiscito. Yo quiero recordar que la consulta por medio de un referéndum es una de las prácticas que se pusieron en marcha en la Revolución Francesa, y casi siempre han sido para establecer regímenes autocráticos y autoritarios", advirtió Olavarría.
"Entonces, decir que apelar al pueblo es el summun de la democracia no es más que un espejismo mentiroso que la historia desmiente", remarcó.
"Quiero mantener viva la fe que hasta hace muy poco tenía en ese hombre. Como él mismo lo dice, es más la consecuencia que la causa. Sin embargo, el estudio de la historia me lleva a pensar en la metamorfosis del hombre cuando llega al poder", advirtió, tras señalar que no quiere pensar que Chávez siga la ruta del autoritarismo.
La oposición destaca su alarma por los poderes de la asamblea constituyente, susceptibles de disolver el Congreso, reformar el poder judicial y aún contener referéndum revocatorios de cargos públicos.
Chávez asevera que no busca eliminar a los partidos políticos, sino acabar su hegemonía en todos los ámbitos del país.
En su carta de renuncia a la comisión presidencial constituyente, Olavarría dice a Chávez que "como hay demasiadas voces cercanas a usted diciéndole que ese decreto ha sido un acierto político, yo estoy en la obligación moral de decirle que no lo es".
"Mucho temo que algún recurso de nulidad por ilegalidad o inconstitucionalidad va a ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia, y pienso que su resultado tiene gran posibilidad de ser adverso y así debo advertírselo", remató.
Por otro lado, Hugo Chávez inició su plan para encarar la "emergencia social" en Venezuela decretando un aumento general de salarios del 20% para el sector público y anunciando la creación de un fondo financiero para estos fines y que el 27 de febrero brigadas militares iniciarán labores de ayuda a las comunidades.
A ocho días de haber asumido el poder, Chávez continúa ganando la iniciativa a la oposición política, aseverando que tiene el respaldo de 90% de la población para su llamado a una asamblea constituyente, susceptible de disolver el Congreso, reformar el poder judicial y contener referéndum revocatorios de cargos públicos.
El mandatario formuló sus anuncios el martes, horas antes de su partida a Jamaica, donde el miércoles y jueves será el único mandatario latinoamericano que asistirá a la cumbre del Grupo de los 15 (G15).
Chávez, de 44 años, prometió el incremento general de salarios pese a la delicada coyuntura económica de la nación, con un déficit fiscal de 9% (9.000 millones de dólares) por la severa baja de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Venezuela.
Chávez, que planea reducir este año el déficit a 3,5% del PIB, dijo que el incremento de salarios a los 1,3 millones de trabajadores de la administración pública tendrá un impacto del 1% del PIB (1.000 millones de dólares). Dijo que la próxima semana iniciará conversaciones con el empresariado para concretar un incremento salarial en el sector privado, que no sería en muchos casos similar al público.
En el plano económico, el mandatario dijo que no habrá nuevas reducciones en la producción petrolera, señalando que Venezuela cumple con un recorte de 500.000 de los 525.000 barriles por día comprometidos con la OPEP y México, a un costo de desempleo y cierre de taladros.
Manteniendo el tono de mesura en materia económica, en contraste con sus explosivas intervenciones en el área política y social, Chávez dejó entrever la posibilidad de que Venezuela emita papeles en el mercado internacional para diferir pagos por su deuda externa, que este año superarán los 4.000 millones de dólares.
