El gobierno cubano, en una represalia contra el Congreso de Estados Unidos, decidió ayer establecer un impuesto del 10 por ciento sobre las llamadas telefónicas entre los dos países.
El nuevo decreto ley advirtió que si Estados Unidos trata de "impedir, congelar o confiscar" los ingresos originados por este impuesto, el gobierno podría tomar medidas, como "el corte total de las comunicaciones telefónicas directas e indirectas entre Cuba y Estados Unidos".
Este decreto firmado por el presidente Fidel Castro y publicado en el diario Granma dejó en claro que se tomó en respuesta a una enmienda aprobada a principios de mes por el Congreso estadounidense que permite usar los fondos cubanos congelados en ese país.
El impuesto adicional, que aumentará los ingresos del gobierno comunista procedentes de los servicios telefónicos entre los dos países, se cobrará por cada minuto de llamadas de telefóno realizadas en ambas direcciones, afectando al precio pagado por los usuarios.
"ETECSA y los "carriers" norteamericanos se encargarán de aplicar el impuesto del 10 por ciento a las llamadas de Cuba a Estados Unidos y viceversa", dijo una portavoz de la compañía telefónica cubana, Empresa de Telecomunicaciones S.A.(ETECSA).
El decreto ley indicó que se trata de una represalia contra la enmienda que permitió usar fondos cubanos congelados en Estados Unidos para indemnizar a las familias de los pilotos cubanoamericanos que murieron cuando sus aviones fueron derribados por un caza cubano en 1996.
"Tal despojo de los fondos cubanos constituye un hecho injustificable, ilegal e inmoral", dijo el decreto.
Esos fondos congelados correspondían a la compañía telefónica cubana por servicios realizados entre los dos países entre 1966 y 1994.
Cuba señaló que el nuevo impuesto "estará vigente hasta la devolución total de los fondos cubanos ilegítimamente congelados en Estados Unidos con los intereses correspondientes".
El impuesto adicional, que será recaudado por ETECSA y luego entregado al Estado cubano, se empleará para comprar medicinas y equipo médico, dijo la ley.
Al mismo tiempo que ha criticado la enmienda sobre el uso de fondos cubanos congelados, el gobierno de Castro también ha condenado duramente la ley que permite la venta, con muchas limitaciones, de medicinas y alimentos a Cuba.
