La euforia con que han resurgido sensitivos temas relacionados con la función estatal permiten observar con suprema claridad que el Estado presenta serias deficiencias que están impidiendo cumplir con el bienestar social debido. Dentro de esa problemática se están dando varios escenarios, por ejemplo: en el sector educación, salud y transporte público.
Esto son actividades cuya responsabilidad le corresponde al Estado, pero del que también se derivan derechos y obligaciones para los administrados, los cuales son perfectamente exigibles mediante el ejercicio de los derechos políticos, mediante una participación ciudadana activa y social, y a través de la reclamación judicial ante los Tribunales de Justicia. Los administrados tienen el deber y el derecho de incluirse en el debate público para desaprobar y requerir las rectificaciones correspondientes frente a la insuficiencia o inactividad del Estado.
No me refiero, a un Gobierno en particular, ni a una gestión pasada, presente o futura, sino a la figura del Estado -su formación tradicional y función-. El Estado panameño de nuestros días no puede sostenerse ni mucho menos conducirse con las mismas estructuras que sirvieron para su formación. Los tiempos que transcurren validan la necesidad de adecuar las instituciones públicas a los cambios políticos, sociales y económicos de hoy. Panamá en comparación con un número plural de países de la región presenta una economía estable con buenas perspectivas de crecimiento.
Con el proyecto de Ampliación del Canal luce otra oportunidad de desarrollo con valores de mayor envergadura, que trae aparejada la necesidad de mejorar el funcionamiento gubernamental; si no en vez de desarrollo se aumentarán las desigualdades.
Las instituciones y autoridades públicas deben asumir la tarea de modernizar y democratizar las instituciones del Estado para que se alcance un efectivo servicio público con apertura a la participación ciudadana y con capacidad de enfrentar los cambios que la globalización exige.
La gestión pública requiere diligencia, prontitud y efectividad; de lo contrario, el administrado o la colectividad lesionada regenta entonces un derecho de reclamar al Estado para que cumpla con sus funciones, le responda en sus necesidades y le resarza sin mayores titubeos cuando el funcionamiento del aparato estatal ha sido negligente o ilícito. El ciudadano con esta actitud se convierte en agente controlador de la función pública.
El administrado responsable más allá de ejercer solamente su ciudadanía, debe optar por mantener mayor beligerancia en la defensa de sus derechos civiles. Debe exigir con fundamento al Estado, que lleve a cabo una actividad útil de los recursos públicos y que atienda correctamente sus funciones, para que así el servicio sea provechoso y consecuente con el trato digno y humano que merece el particular.
El Estado debe inclinarse hacía una política más social en la que se dé cabida integra a la ciudadanía. La existencia de una ciudadanía participativa y comprometida con los problemas sociales resulta ser la formula correcta para fiscalizar, orientar, tutelar y reclamar al Estado, para un mejor desarrollo de sus funciones. Es decir que el ciudadano debe ejercer de forma autónoma sus derechos políticos y de paso, debe exigir que se le asegure el respeto de sus derechos civiles en igualdad.
Son responsabilidades del Estado, garantizar y proteger los derechos individuales y sociales de los administrados, entre ellos la vida, la libertad, el derecho de acceso a la información, el libre tránsito. Debe el Estado procurar por salvaguardar el derecho al trabajo, a la cultura, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a un ambiente sano. Corresponde también al Estado, crear los mecanismos necesarios para que todos los administrados tengan acceso a una mejorar calidad de vida; a promover la participación ciudadana; a que al administrado viva en igualdad de derechos y condiciones y a que obtenga justicia social.
Es deber de los administrados, por su parte, tutelar que el Estado cumpla satisfactoriamente con sus derechos, pero sobre todo debe el ciudadano participar; recuérdese lo dicho por Duguit: "El Estado existe y existió allí donde hubo una relación entre gobernantes y gobernados en orden a la solidaridad social".
Esto implica que el administrado está en la obligación de requerir al Estado que vele por sus derechos; tiene la obligación de exigir un mejor sistema de salud, educación, deporte, cultura, recreación; tiene la obligación de promover y demandar el fortalecimiento y modernización de sus instituciones públicas para que así, se le otorguen respuestas adecuadas y se eleve la calidad de servicio; tiene el administrado la obligación de crearse conciencia sobre las verdaderas funciones del Estado y saber que el Estado es patrimonio común y que por tanto no es un sector o determinado interés el que debe prevalecer.
Los particulares tienen la obligación de servir y esperar ser servidos equitativamente y tienen la obligación de exigir que los empleados públicos sean respetuosos de los derechos ciudadanos y que por consiguiente estos funcionarios están obligados a rendir cuentas y ofrecer un buen servicio público.
En conclusión, la relación Estado-Administrado es una responsabilidad compartida, cuya máxima es el bienestar social. Para ello la gestión pública debe avocarse a un cambio en donde se tenga como pilares -la democracia, -la modernización, y -el fortalecimiento de las estructuras administrativas. Todo esto complementado con la participación del administrado, que comprometido con el país, tendrá que tutelar que el funcionamiento del Estado sea el mejor y ejercer cuando lo amerite, sus derechos vía jurisdiccional para así ajustar al Estado cuando se descontrola.
Hace varios años había una falta de entendimiento, algo normal cuando se trata de una nueva religión. Sin embargo, ahora existe una relación respetuosa. Incluso este año delegaciones nuestras han sido recibidas por cardenales en las Filipinas y Brasil.
El movimiento de Unificación, hoy en día, tiene renombre gracias al fruto de 30 años de obras interreligiosas. De hecho, el Rev. Sun Myung Moon gasta más fondos para diálogo interreligioso y para negociaciones de paz que en su propia iglesia.
El Rev. Moon también ha invertido en MASMEDIA, y es fundador del Washington Times. Muchos líderes religiosos en EEUU lo aprecian por por su respeto a la fe y su apoyo constante a los valores familiares.
SM: Exactamente. Yo creo que si bien existe un estado de derecho donde están los agentes que cumplen la ley, al mismo tiempo tenemos que crear un grado de conciencia en el ciudadano, que la policía nacional no debería estar detrás de ellos para cumplir con las normas; eso sí en la medida que tengamos la necesidad de que el agente de policía de tránsito esté en la calle lo vamos a mantener hasta que el usuario o el conductor particular aprenda que las acciones del policía de tránsito no está orientado únicamente en la posesión de boletas si no de salvarle su vida, porque la imprudencia precisamente lleva a que la propia vida del conductor corra riesgo y que peor aún que la corran terceros inocentes.
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