El expresidente de Nicaragua y líder sandinista, Daniel Ortega, responsabilizó ayer al gobierno de ser el responsable de la violencia que se ha desatado en distintos lugares del país a consecuencia de un paro nacional de transporte.
El secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) manifestó a la prensa que si el gobierno tuviese voluntad política para negociar, ya se hubiera resuelto la crisis.
A la paralización del transporte se suman las protestas callejeras, que desde la pasada semana realizan los estudiantes universitarios que reclaman al gobierno el seis por ciento del presupuesto nacional para las universidades.
Además, los sandinistas mantienen paralizadas desde hace 15 días las labores legislativas, debido a que exigen a los liberales, en el poder, mayores recursos presupuestarios para diversas instituciones estatales, entre ellos el Poder Judicial y los gobiernos municipales.
El dirigente sandinista observó que el problema debe atacarse de raíz y "la raíz del problema está en la responsabilidad del gobierno" que se niega a cumplir las demandas de los sectores afectados".
Ortega dijo que no comparte algunos síntomas de violencia manifestados durante la mañana de ayer, tiempo local, como la destrucción parcial de algunas unidades de buses y taxis, hechos por sectores ajenos a los estudiantes y los transportistas.
Desde la madrugada del miércoles, el transporte colectivo fue paralizado casi en un cien por ciento, tras fracasar anoche las negociaciones entre los dirigentes de ese sector y el gobierno.
La Coordinadora Nacional de Transporte y la Unión Regional de Transporte Colectivo, piden al gobierno una rebaja sustantiva de los precios del combustible.
Operadores de autobuses y conductores de taxis de Nicaragua realizaron ayer una huelga nacional en protesta por los precios del diesel, paralizando el transporte y las operaciones de carga, y forzando a miles de estudiantes y trabajadores a caminar a sus escuelas y oficinas en Managua, informaron funcionarios gubernamentales.
Los aproximadamente 10,000 trabajadores del transporte levantaron barricadas en todo el país para obstaculizar el tránsito de los conductores que no respaldaran la huelga y de los taxistas piratas, que cobraban de tres a cuatro veces la tarifa usual. A los vehículos privados se les permitió transitar.
"El alcalde está buscando sacar camiones para algunas rutas, pero no le van a permitir los transportistas que circulen", dijo a los periodistas Tina Arguello, del ministerio de Transporte.
No se reportaron de inmediato incidentes de violencia.
La huelga fue convocada después que varios días de negociaciones con el gobierno no lograron resolver importantes diferencias.
Los transportistas quieren que el precio del combustible diesel sea reducido de 16,50 córdobas (aproximadamente 1,40 dólares) por galón a 11,50 córdobas (un dólar), comparable al precio en otros lugares de la región, dijo a Reuters su abogado, Bonifacio Miranda.
Agregó que los transportistas buscan evitar un aumento de tarifas, "en un país con una situación tan delicada".
Un segundo asunto clave está relacionado con una presunta amenaza del gobierno de liberalizar el transporte, dijo Miranda.
Los transportistas demandan un decreto presidencial que descarte tal política y garantice un control continuo sobre las rutas, licencias y otras prácticas.
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