El ex dictador argentino Emilio Eduardo Massera reclamó ayer ante la justicia que se considere "cosa juzgada" y prescripto el delito que se le imputa por robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura (1976/1983), se anunció a la prensa en el Palacio de los Tribunales.
Su defensor Miguel Angel Arce Aggeo presentó ayer un escrito en ese sentido a la jueza federal María Servini de Cubría, que investiga la sustracción de un hijo de los desaparecidos Cecilia Viñas y Héctor Penino, nacido en la cárcel clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Según la información brindada en Tribunales, el letrado sostuvo ante la magistrada que la acción penal habría extinguido porque tiene un máximo de 10 años de prisión y los hechos que se le imputan a Massera se "habrían cometido en los años 1976, 1977 y 1978". El ex represor cumple prisión domiciliaria (es mayor de 70 años) desde hace varios meses.
La semana pasada, ex militares procesados por el juez federal Adolfo Bagnasco elevaron apelaciones a la Sala I de la Cámara Federal (Apelación), luego de que el magistrado hiciera lugar a ellas.
Las mismas fueron planteadas por Massera, por el último jefe del Ejército de la dictadura, el general retirado Cristino Nicolaides, el ex presidente de facto Benito Reynaldo Bignone, así como los ex jefes navales Antonio Vañek y Rubén Franco, el ex capitán Jorge "Tigre" Acosta y el prefecto retirado Héctor Febres.
Por su lado, el ex fiscal de la Cámara Federal, Julio Strassera, rechazó ayer en declaraciones radiales la posibilidad de que los ex militares procesados(8) por el juez federal Adolfo Bagnasco por sustracción de menorespuedan resultar beneficiados con el argumento de cosa juzgada o por la supuesta prescripción de los hechos investigados. Strassera fue el fiscal acusador en el juicio a las juntas militares que se desarrolló en 1985, y que terminó con severas condenas para los exdictadores, luego indultados por el presidente Carlos Menem.
Ayer recordó que en ese proceso se consideraron solamente "seis casos puntuales" de apropiación de menores, debido a que entonces "había pruebas insuficientes, y no se sabía mucho".
Pero, expresó que la causa actual "se debe a las investigaciones posteriores de las Abuelas de Plaza de Mayo".
Por ello, Strassera dijo que "sobre los casos nuevos no veo cómo se puede oponer el argumento de cosa juzgada; nada impide un nuevo proceso".
Señaló asimismo que la sustracción de recién nacidos es "el crimen más atroz que se le puede imputar a los responsables de la dictadura militar", y rechazó que ese delito haya prescrito, pues en su mayoría esos menores no fueron devueltos a sus familias biológicas.
Strassera rechazó además la posibilidad de que la causa pase al Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas, como se planteó en una de las apelaciones.
El ex fiscal coincidió en que efectivamente existió un plan sistemático de apropiación de menores, ya que de lo contrario los jefes militares hubieran podido hacer "montones de cosas" para reintegrarlos a sus familias, o en su defecto "entregarlos a la Casa Cuna".
Afirmó igualmente que "lo que más indigna es que lo nieguen; tienen que hacerse cargo", y se preguntó si sustraer niños "fue un aspecto de la guerra contra la subversión".
