E n el fondo, el problema es muy sencillo. A lo largo de los últimos 19 años, el país ha carecido de un sistema adecuado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de su territorio. Esa circunstancia ha coincidido con un constante incremento de las amenazas a la seguridad de los habitantes de Panamá, derivadas de un incremento de las actividades de la delincuencia internacional, que encuentra un caldo activo de complicidades en el deterioro de las condiciones de vida de los pobres de la ciudad y del campo, y del auge de las actividades especulativas en el mercado internacional de capitales.
Este diagnóstico no es nuevo. En realidad, la administración Moscoso lo asumió como propio al trabajar, en diálogo con sus opositores de entonces, en la elaboración de un documento de doctrina de seguridad democrática. Lamentablemente, aquel documento no se tradujo en políticas innovadoras, y el gobierno que lo avaló terminó reduciendo su iniciativa en materia de seguridad a la demanda de mayor capacidad de represión y penas más duras para los delincuentes.
La solución al problema de seguridad que plantea nuestro ingreso al siglo XXI en calidad de nación plenamente soberana tenía que ser a la vez sencilla y novedosa. No se trataba de multiplicar los organismos estatales de seguridad y control ??" y hay quien ha propuesto la municipalización de la policía en todo el territorio nacional -, sino de integrar mucho mejor los recursos disponibles. Ni se trataba tampoco de hacer de la seguridad un problema aislado de su contexto nacional, regional y global, sino de comprenderla como una ??" entre otras ??" de las expresiones de los múltiples problemas y conflictos presentes en ese contexto.
A fin de cuentas, lo que se ha propuesto es una solución técnica de carácter sistémico: organizar un sistema de seguridad territorial a cargo de la protección de nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo y marítimo, otro de seguridad ciudadana a cargo de las labores policiales, y vincularlos a ambos mediante un sistema de inteligencia y seguridad, todo ello a cargo de una entidad pública con un mandato legal claramente definido. Y, sin embargo, eso no ha de bastar, por más que constituya un primer paso hacia la creación de una sociedad que llegue eventualmente a estar en capacidad de protegerse a sí misma de los riesgos que se derivan de sus propias desigualdades internas como de los que surgen de las asimetrías del sistema internacional.
En esta perspectiva, puede decirse que el Gobierno ha hecho lo que debe al proponerle a la sociedad una reforma técnica y administrativa de los servicios de seguridad que está obligado a ofrecerle a la ciudadanía. No parece, en cambio, que la sociedad haya reaccionado a esa propuesta en términos correspondientes a la complejidad del problema, sino más bien en función de sus propias debilidades de organización y pensamiento.
El centro de la cuestión, en efecto, radica en que no habrá solución a los problemas de la seguridad al margen de la que demandan los problemas de la inequidad, la pobreza, el desempleo, la incultura y la carencia de los niveles de organización popular y ciudadana necesarios para garantizar un efectivo control social de la gestión pública, y para promover ??" a través de su ejercicio constante - los derechos y libertades que la Constitución consagra. Pero tampoco habrá solución a esos problemas en un contexto de violencia e inseguridad. Este es, en realidad, el más importante de los problemas que subyacen tras el debate sobre la reforma de los servicios de seguridad en nuestro país. Asumirlo tendría que conducirnos a reconocer que quien desee una sociedad más segura, aspira en realidad a una sociedad diferente.
El autoritarismo en todas sus formas ??" desde el despotismo democrático hasta el militarismo, pasando por los ejercicios de simulación de la partidocracia ??" tiene sus raíces en la resistencia al cambio que el desarrollo social demanda. Y el mejor remedio al autoritarismo se encuentra en la construcción de una sociedad mucho más democrática, esto es, mucho mejor organizada para participar de manera activa en la promoción de los intereses de cada uno de los sectores que la integran, y en la capacidad de todos ellos para negociar esos intereses en aras de lo que en cada etapa del desarrollo de esa sociedad constituya efectivamente su interés general.
El debate nacional en torno a la reforma de los servicios de seguridad habrá valido la pena no en la medida en que desemboque en el retroceso a un estado anterior indeseable sino en cuanto sea capaz de abrir nuevas oportunidades a la comprensión de los dilemas que la búsqueda de la seguridad nos obliga a enfrentar. En política, a fin de cuentas, sólo se puede escoger entre inconvenientes: los de avanzar demasiado, los de avanzar demasiado poco, y los de no avanzar en absoluto, que en realidad es la forma más cómoda, sencilla y engañosa de retroceder.
