El campesino guatemalteco Manuel Martínez Coronado se unió ayer en matrimonio con Manuela Girón, en vísperas de su ejecución, por inyección letal, programada para hoy a las 6:00 horas locales (12:00 GMT).
Martínez se casó por lo civil con su compañera de hogar, con la que han procreado tres hijos; Rony Israel, de cinco años, Yojana, de tres, y Marleni, de dos, informaron emisoras locales.
El matrimonio se celebró en el interior de la celda del "pabellón de la muerte" instalado en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, a 30 kilómetros al sureste de la capital.
El acto religioso lo celebró el pastor Guillermo Perci.
En breves declaraciones a la prensa, el condenado dijo que unirse en matrimonio con Girón fue "la gran voluntad del Señor".
"Que quede este testimonio para todas aquellas gentes que no han recibido al Señor para que lo hagan porque él es el único que nos puede perdonar de todos los pecados que hemos hecho", expresó luego de su boda.
Martínez y Girón son originarios de la aldea El Palmar, Quetzaltepeque, del oriental departamento de Chiquimula, en donde el 16 de mayo de 1995, el sentenciado a muerte asesinó a tiros a siete miembros de una misma familia, entre ellos cuatro niños.
Según el Inspector General de Presidios, Everth Flores, todo se encuentra listo para aplicar la inyección letal al campesino, que el domingo fue trasladado a una celda contigua a la cámara de ejecución.
El convicto se encuentra en ayuno con el fin de preparar su alma para el encuentro con Dios, según los pastores evangélicos que lo asisten en estos momentos.
Martínez se convirtió en cristiano evangélico en la prisión y se ha negado a dar declaraciones a la prensa.
El campesino fue declarado culpable de asesinar a balazos por una disputa de tierra a Juan Bautista Arias, de 58 años, su esposa Rosalbina Miguel, y sus hijos Francias (12), Jovita (8), Arnoldo (5) y Aníbal (2), así como a la tía de los niños, Emilia Arias, de 68 años.
En la matanza participó también su padrastro Daniel Arias, condenado a 30 años de prisión. La ley prohibe la pena de muerte a los mayores de 60 años de edad.
A diecisiete meses de los dos últimos fusilamientos en Guatemala y en la víspera de la ejecución ha resurgido en este país la polémica por la aplicación de la pena de muerte.
Representantes de la Iglesia Católica y de organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron en contra de la pena de muerte por considerar que no constituye ningún disuasivo contra el crimen.
"La Iglesia se opone por principio", pero respeta la leyes del país, sostuvo el arzobispo metropolitano, Próspero Penados, para quien Dios es el único que puede quitar la vida.
Aunque se aplique la pena de muerte a Martínez, los crímenes, robos y asaltos van a continuar y su aplicación no es ninguna solución para estos problemas, remarcó el jefe católico.
Para el obispo de Escuintla, Fernando Gamalero, la pena capital no previene el crímen, y en su opinión, los convictos deben pagar su delito con la prisión y trabajando para la familia ofendida.
"En estos momentos en que se trata de construir la paz y el Estado de Derecho la pena de muerte no favorece en nada y lo único que se logrará es alimentar más la cultura de la muerte", subarayó el prelado.
El procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, también dijo que es "lamentable" que el Estado, responsable de garantizar la inviolabilidad de la vida, haya sentenciado a muerte a Martínez.
Arango espera que en el futuro se pueda abolir la pena capital de las leyes de Guatemala, el único país de Centroamérica que la tiene vigente hasta para delitos comunes.
Las diputadas izquierdistas Nineth Montenegro y Rosalina Tuyuc, tambíen están en contra de la pena de muerte por considerar que su aplicación no es equitativa.
Por contra, Flora de Ramos, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), manifestó que se debe sentar un precedente con la ejecución por inyección letal porque las decisiones de un país en materia judicial se deben respetar.
Uno de los que más propugna por la aplicación inmediata de la prena de Muerte, el Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares, dijo que no existe ninguna razón para que Martinez no pague con su vida las vidas que él vilmente arrebató.
