Desde que surgió la supuesta intervención de las conversaciones telefónicas de políticos, sindicalistas y periodistas, el tema ha acaparado la atención de los medios de comunicación social y motivó una serie de reuniones entre altas figuras del Ejecutivo y diversos sectores de la sociedad panameña.
Las ejecuciones de las iniciativas desestabilizadoras estarán integrada por equipos jurídicos, de medios de comunicación social y de análisis y seguridad.
Al jurídico le corresponderá revisar todos los documentos, noticias y situaciones que se pueden utilizar para las acciones contra el gobierno. Asimismo redactará los informes y denuncias que se presentarán y estructurará la defensa jurídica para neutralizar las reacciones del Gobierno. Al equipo de medios de comunicación social se le encomendaría hacer los contactos con los medios para desplegar la campaña de propaganda.
Análisis y Seguridad, por su parte, recabarían y analizarían toda la información que se obtenga mediante las operaciones electrónicas, de vigilancia y reclutamiento de fuente, ya sea de las oficinas y despachos públicos y dentro de las instituciones de seguridad.
Todo el contenido del plan fue constituido para ejecutarse en el plazo de un año y aunque expone su fortalece en una percepción favorable del público hacia quienes lo ejecutan, reconoce su vulnerabilidad en el uso de recurso humanos no confiable.
Incluso, prevé la posibilidad de que hechos de "trascendencia nacional e internacional" podrían desviar el interés público hacia otras cosas. En la ejecución del plan sus supuesto artífices consideran que cuentan con toda la estructura logística, política y económica para llevar a feliz término su iniciativa.
Igualmente, dos de las tres escaleras de madera existentes fueron reemplazadas por dos nuevas de hierro, por lo que solo una no se utiliza. Según Díaz, también se colocaron nuevos extintores y se reemplazaron otros. Los aparatos fueron instalados en lugares accesibles para los funcionarios, tanto dentro como fuera de las oficinas.
Díaz detalló que el cuerpo de seguridad de la entidad tiene llaves maestras, por lo que en caso de cualquier incendio, ellos entran y tienen su extintor a la mano, y si ocurre en horas laborables, el funcionario no tiene que salir a buscarlos porque están en las oficinas. En cuanto al almacenamiento inadecuado de líquidos inflamables, aseguró que un día después de la inspección, éstos fueron ubicados y almacenados correctamente.
Sobre las salidas de escape clausuradas, en este caso las puertas, el funcionario aclaró que aunque todas estén con candados, los agentes de seguridad tienen las llaves y en cada ala hay un vigilante.
Una de las principales recomendaciones de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos se centró en el sistema de alarma. No obstante, Díaz dijo que la entidad tiene timbres que eran los utilizados en la época en que el edificio fue sede de la Escuela Elemental de Diablo, antes de revertir a Panamá, pero que están en buenas condiciones, incluso funcionaron "muy bien" en un reciente ejercicio de desalojo realizado con los bomberos.
Agregó que para alertar a los funcionarios que allí laboran también existe un sistema de bocinas, por lo que considera que con el timbre y el anuncio es suficiente.
El subdirector administrativo dijo que no hay planes de mudanza para otra sede, pues están dándole mantenimiento el edificio. Reconoció que preferiría que una nueva inspección se lleve a cabo cuando el edificio tenga debidamente señaladas las vías de escape.
"Hoy por hoy la Autoridad Marítima de Panamá está en condiciones de mostrar nuevamente sus infraestructuras, porque ha cumplido con gran parte de las recomendaciones.
En tanto, Alfredo Berrocal, secretario de Defensa de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), exhortó a las autoridades de la AMP a que apliquen los correctivos necesarios para evitar una catástrofe.
Según Berrocal, las condiciones socio-laborales de los trabajadores del sector público siempre ha sido preocupación de la FENASEP, sobre todo en las estructuras ubicadas en las áreas revertidas, donde no se hizo un trabajo de saneamiento previo al traslado de los funcionarios. Indicó que algunos trabajadores sufren alergias y otras enfermedades, por la contaminación que existía en los edificios.
