Chile dijo ayer que tiene en revisión "todas sus relaciones" con España, incluidas las económicas, como respuesta al "sorprendente" comportamiento del Gobierno de Madrid frente a la detención en Europa del ex dictador chileno Augusto Pinochet, que las autoridades de Santiago rechazan como ilegítima.
Las opciones que se estudian para aplicar medidas en los vínculos "son multiples", dijo en rueda de prensa el canciller, Juan Gabriel Valdés, un día después de que su homólogo hispano, Abel Matutes, rechazara definitivamente la propuesta de un arbitraje que resuelva sobre la legalidad del arresto de Pinochet.
Mediante esa vía, Chile esperaba no interrumpir el proceso judicial español contra el general, sino determinar si las querellas se tramitan en el país de los delitos imputados o en un tribunal extranjero que atenta contra la soberanía nacional, explicó el ministro.
Ahora, ningún aspecto está excluido del análisis crítico de las relaciones, agregó el ministro cuando fue consultado por las implicancias del caso en el campo económico.
España es uno de los tres mayores inversores en Chile, junto a Estados Unidos y Canadá, con participación dominante en los sectores de las telecomunicaciones, agua, bancos, sanitarias, eléctricas, bancos, previsión social y las carreteras.
Las compañías de capital hispano en Chile son también "plataformas" para negocios en el resto de América Latina.
Pinochet, de 83 años, dictador de 1973 a 1990, ex jefe del Ejército y actual senador, fue detenido en Londres en octubre pasado a petición del juez español Baltasar Garzón, que le imputa crímenes contra la humanidad, "imprescriptibles" y de persecución "universal", según el expediente. La carta de Matutes, que clausura la vía del arbitraje internacional para resolver la discrepancia con Chile, es "patética", comentó Valdés.
El martes, en una primera reacción a la decisión española, el Gobierno chileno dijo que las relaciones entre los dos países "son malas". Chile canceló su participación en la Cumbre Iberoamericana en La Habana, que debía reunir en diciembre a los gobernantes caribeños, latinoamericanos y de España y Portugal.
Antes de las declaraciones de Valdés, fuentes diplomáticas advirtieron hoy de que la respuesta formal chilena a la nota de Matutes poar un endurecimiento.
En una conferencia matinal, Valdés y el presidente Eduardo Frei consideraron hoy la inmediata llamada a consultas del embajador en Madrid, Sergio Pizarro, pero el canciller rehusó confirmar ese gesto de "desagrado" chileno.
Valdés dijo hoy que las conversaciones privadas con la Cancillería de Espaûa fueron cortadas y que el Gobierno se propone llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, unilateralmente, tras la reciente notificación de Matutes.
El no español al arbitraje de un tercer Estado o entidad internacional, desmuestra que el Gobierno de España "no tiene ninguna capacidad" para resolver el problema, dijo Valdés, que admitió que el recurso ante La Haya es largo y oneroso.
Valdés explicó que la petición chilena del arbitraje rechazado por Madrid se basa en el artículo uno de la Convención Mundial contra la Tortura, el mismo tratado al que apeló el juez Garzón para obtener la detención britanica de Pinochet y reclamar enseguida su entrega.
El Gobierno de España argumenta que no puede interferir en la autonomía del poder judicial.
La entrega del ex dictador a Garzón será decidida en un juicio que comenzará el 27 de setiembre en el tribunal londinense de Bow Street y que, según los abogados, podría prolongarse al menos dos años.
La familia de Pinochet dijo que el general, en ese plazo, puede ser víctima de dolencias cardiovasculares y complicaciones de una agravada diabetes mellitus.
