En un clima tenso, con disturbios en las tribunas de la Cámara de Diputados, el Parlamento chileno aprobaba ayer la propuesta legislativa que protege la identidad de quienes informen sobre los desaparecidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
La propuesta, que el presidente Ricardo Lagos remitió la víspera al Parlamento para su aprobación inmediata, establece un "secreto profesional" para mantener bajo reserva la identidad de quienes, en un plazo de seis meses, entreguen antecedentes sobre lo que ocurrió con más de un millar de desaparecidos.
El procedimiento fue acordado el pasado 13 de junio en la Mesa de Diálogo que durante casi 10 meses reunió a los militares y las organizaciones humanitarias.
Un centenar de familiares de detenidos desaparecidos bajo el régimen de Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, se instalaron en las tribunas de la Cámara, para repudiar el proyecto de ley que, según afirmaron, "impide hacer justicia" y "consagra la impunidad".
Representantes de las bancadas de la oficialista Concertación Democrática, que encabezan el socialismo y la democracia cristiana, intervinieron en la sesión para respaldar la propuesta, al igual que los legisladores de la oposición derechista.
"¡Justicia, justicia, queremos justicia!", gritó el coro de los familiares, que interrumpieron el debate y fueron desalojados por la policía, tras una orden del presidente de la Cámara, Víctor Barrueto.
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