Una planta hidroeléctrica retomó ayer su rutina luego de cinco días de una toma pacífica de la guerrilla, que tras llegar a un acuerdo con la empresa dejó en libertad a más de un centenar de rehenes.
Unos 60 rebeldes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tomaron la planta el pasado 31 de agosto, abandonaron las instalaciones y pusieron en libertad la noche del sábado a los 145 empleados y contratistas que permanecían retenidos en la hidroeléctrica de Anchicayá, en una remota región del departamento del Valle del Cauca, más de 350 kilómetros al suroeste de Bogotá.
Los guerrilleros, encabezados por un comandante enmascarado que se identificaba como J.J., y la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA) acordaron revisar condiciones laborales, que el transporte de empleados hacia la hidroeléctrica corra por cuenta de empresas pertenecientes a ex trabajadores de la compañía y que EPSA vigile el mantenimiento de la carretera hacia la planta, dijo Gilma Jiménez, directora de comunicaciones de la compañía.
La hidroeléctrica, perteneciente en un 56% a un consorcio entre la estadounidense Reliant Energy y la venezolana Electricidad de Caracas, tenía cuatro días detenida por labores rutinarias de mantenimiento cuando se produjo la toma.
Al tomar la planta, los rebeldes demandaron una reducción de 30 por ciento de las tarifas eléctricas en Valle del Cauca, pero la empresa alegó que los precios son fijados por una comisión gubernamental y no dependen de las compañías.
A lo largo de las negociaciones los guerrilleros fueron liberando grupos de rehenes de la planta, que debido a su remota ubicación cuenta con instalaciones como dormitorios y restaurante para trabajadores y sus familias.
Los rebeldes de las FARC, la más poderosa agrupación guerrillera de Colombia, pudo penetrar fácilmente las instalaciones debido a que carece de una vigilancia militar o policial permanente.
La empresa, a través de la gobernación, solicitó a las autoridades abstenerse de enviar tropas a la zona para evitar cualquier incidente con los rehenes.
El sábado los rebeldes habían entregado a 58 rehenes de un total de los 168 trabajadores, periodistas y familiares de los empleados que habían sido tomados desde el martes en el interior de las instalaciones de la hidroeléctrica ubicada en una zona de difícil acceso.
El acuerdo entre la empresa y la guerrilla, contempla la realización de un foro antes de 30 días, con la participación de los usuarios y autoridades, para discutir el incremento en las tarifas eléctricas. Asimismo el acuerdo incluye un compromiso de la empresa para instalar el servicio de electricidad en zonas campesinas del departamento de Valle, así como el mantenimiento de una antigua carretera. El acuerdo fue logrado con la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, representado por Bárbara Saidy y la oficina del Promotor de Paz del departamento de Valle, Isaac Soto.
El grupo de alrededor de un centenar de insurgentes armados, dirigidos por una persona que sólo se identificó como el "comandante JJ" de las FARC, irrumpió el martes en Anchicayá, mientras se cumplía en el resto del país un paro cívico contra la política económica del gobierno.
Los ocupantes amenazaron con causar daños a la planta, en caso de que no se acogieran sus peticiones. El Ejército colombiano había explicado el viernes que no envió tropas a la zona, para evitar una confrontación que pudiera poner en peligro la vida de los rehenes y la integridad de la planta, una de las diez mayores generadoras de energía de Colombia.
