Los candidatos finalistas en las elecciones presidenciales de Perú, Alan García y Alejandro Toledo, afrontan demandas judiciales que, de ser resueltas en su contra, podrían tener consecuencias políticas imprevisibles.
Toledo enfrenta una demanda para que se someta a un examen de ADN que permita establecer si es el padre de la niña Zaraí Toledo, de 13 años, quien reclama a la justicia su derecho constitucional a conocer la identidad de su progenitor.
García afronta una demanda en la Corte Suprema por los presuntos delitos de enriquecimiento ilegal, cohecho, colusión y negociación incompatible, formulada a partir de supuestos actos de corrupción registrados cuando fue presidente, entre 1985 y 1990.
La demanda contra Toledo supone la posibilidad de que una juez de la ciudad de Piura obligue al político a reconocer la paternidad de una supuesta hija suya concebida en una relación extramatrimonial con Lucrecia Orozco.
Los abogados del candidato del partido Perú Posible hacen esfuerzos por impedir que la juez Carmen Kcomt ordene que Toledo se someta al examen de ADN solicitado por Orozco.
Ellos mantienen que el caso de Zaraí "es cosa juzgada" porque Toledo ganó en 1995 otro juicio sobre la paternidad de la niña y, en consecuencia, no tiene porqué someterse a esa prueba.
La juez Kcomt, según informaron fuentes judiciales, espera desde el 19 de marzo pasado que el Archivo del Poder Judicial le envíe el expediente del juicio anterior, para resolver si procede el recurso de "cosa juzgada" presentado por Toledo.
Si la juez resuelve que, efectivamente, es asunto juzgado, Toledo quedará liberado del problema.En caso contrario, tendrá que someterse al examen de ADN.
El periodista Alvaro Vargas Llosa declaró el pasado fin de semana que si se confirma que Toledo es el padre de Zaraí, podría ser demandado "por haberle mentido a la justicia", lo cual podría ser un golpe letal para su campaña.
"Alguien advirtió inclusive que Alejandro podría ir a la cárcel", precisó Vargas Llosa, quien dimitió ayer del equipo de campaña de Toledo, por "discrepancias morales" con el político.
Por otra parte, el expediente de García es revisado actualmente por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver, en definitiva, si han prescrito los delitos que se atribuyen al ex presidente.
Otra sala de la Suprema resolvió, a comienzos de este año, que los delitos ya han prescrito y, en consecuencia, ha vencido el plazo legal para que García sea enjuiciado por los mismos.
