Un tribunal guatemalteco condenó ayer a 30 años de prisión a tres militares y un sacerdote por el asesinato del obispo Juan Gerardi, el 26 de abril de 1998, y absolvió del delito de encubrimiento a su empleada doméstica.
El Tribunal Tercero de Sentencia de la capital guatemalteca encontró a los militares y al sacerdote responsables del delito de "ejecución extrajudicial", por lo cual fueron condenados a la pena máxima de 30 años.
Gerardi, conocido a lo largo de su vida pastoral como un defensor de los derechos humanos, fue brutalmente asesinado la noche del 26 de abril de 1998 en la casa cural de su parroquia, con golpes propinados con objetos contundentes que le destrozaron la cabeza.
El tribunal determinó que el móvil del asesinato fue la publicación, dos días antes, de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado que vivió Guatemala durante 36 años y que concluyó en diciembre de 1996, el cual responsabiliza de esas violaciones principalmente al ejército.
Los condenados son el sacerdote Mario Orantes, al que se le redujo la pena de prisión a 20 años, el coronel (r) Disrael Lima Estrada, de 60 años de edad; su hijo, capitán Byron Lima Oliva (31) y el ex sargento militar Obdulio Villanueva (36). En el caso de Orantes, la calificación de "cómplice" y no de "coautor" valió para la rebaja de un tercio en su condena.
El tribunal decidió absolver a la empleada doméstica del religioso, Margarita López (61), acusada por la fiscalía de encubrimiento, por no encontrar evidencias en su contra.
El Tribunal también ordenó investigar al Estado Mayor Presidencial (EMP) para determinar su participación en el asesinato, señalando que altos mandos de esa institución, uno de los más temidos órganos del ejército, "podrían haber participado como colaboradores, en la planificación o como autores intelectuales del crimen".
Tras conocer la sentencia, los militares y el sacerdote lamentaron la decisión y uno de ellos dio a entender que apelará.
"La lucha definitivamente no termina y como buen soldado voy a continuar en la batalla", expresó el ex jefe de la Inteligencia Militar, coronel (r) Disrael Lima Estrada.
"Este viernes es de luto porque el sistema se está muriendo, se está muriendo la justicia, se está muriendo el Ministerio Público (Fiscalía).Entonces ¿cuántos reos inocentes que están en los penales van a ser sentenciados?" preguntó Lima Estrada, de 60 años.
El capitán Lima Oliva aseguró que el fallo fue injusto, pues los tomaron como chivos expiatorios debido a que el asesinato fue cometido por el "crimen organizado, quienes se hicieron los locos" (desentendidos).
La madre del sacerdote Orantes, Marta Nájera, dijo "que la resolución fue injusta" y rompió en llanto, mientras que el religioso evitó dar declaraciones a la prensa.Villanueva tampoco quiso dar declaraciones.
Los tres militares luego de la sentencia fueron trasladados a un Centro Preventivo, al norte de la capital, donde permanecerán prisioneros, mientras que el religioso fue llevado a un centro hospitalario, debido a sus problemas de salud.
SE ACABA IMPUNIDAD
En las primeras reacciones, diversos grupos humanitarios guatemaltecos coincidieron en que la sentencia marca el camino para acabar con la impunidad prevaleciente en este país durante muchos años.
Con el fallo "se ha botado el muro de la impunidad, el esfuerzo que hemos sostenido durante muchos años ha dado sus frutos ahora, me parece que este tribunal ha dado una resolución con mucho coraje y mucha objetividad", afirmó la activista humanitaria Hellen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack.
El líder de la agrupación Aliampunidad (ACI), Miguel Albízures, aseguró que con el veredicto "la población comienza a recuperar la confianza en la aplicación de la justicia".
El fallo, agregó el activista, además debe fortalecer el estado de derecho y la incipiente democracia guatemalteca, surgida en 1986 cuando asumió un civil después de casi dos décadas de régimenes militares.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
