Venezuela reconoce responsabilidad por muertos en el "Caracazo"

El Estado de Venezuela reconoció ayer, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, la responsabilidad por los muertos a manos de las fuerzas de seguridad, durante los incidentes de febrero de 1989, conocidos como "el Caracazo".
En una audiencia celebrada por la CIDH en la capital costarricense, el agente del gobierno, Raúl Arrieta, anunció que el Estado reconoce la responsabilidad por los hechos denunciados, está dispuesto a indemnizar a los familiares de las víctimas y se compromete a identificar a los responsables de los crímenes y a procurar su castigo.
"Es un acto de justicia", manifestó Arrieta, "el Presidente (venezolano Hugo Chávez) me ha instruido para que busque la solución más rápida, justa y digna para los familiares".
La directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (COFAVIC), Liliana Ortega, dijo que "éste es un día muy importante para la justicia", que marca el inicio del fin de "una era de impunidad en Venezuela".
El 27 de febrero de 1989 y en días subsiguientes, se produjeron en Caracas vastas manifestaciones populares contra las políticas económicas del ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-79 y 1989-93), que desembocaron en actos de pillaje y saqueo.
El gobierno decretó la suspensión de garantías individuales y entregó el control a las Fuerzas Armadas, cuya acción represiva dejó un saldo impreciso de muertos, pero que diversas organizaciones humanitarias estiman en más de 200.
Durante los últimos diez años, los tribunales de justicia recibieron denuncias de los afectados sin que los procesos llegaran a avanzar significativamente, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington-, inició el proceso ante la CIDH.
Según Arrieta, tras el ascenso al poder del presidente Hugo Chávez, en febrero de 1998, los tribunales se abocaron al conocimiento de 79 expedientes, para determinar quiénes fueron los responsables de los hechos e imponer sanciones.
Además, la Corte Suprema de Justicia pidió iniciar procesos contra los jueces y fiscales que tuvieron a su cargo las denuncias, por la "aberrante" denegación de justicia en que incurrieron, señaló el funcionario venezolano.