El gobierno mexicano excluyó a la guerrilla zapatista del debate sobre una reforma constitucional sobre derechos indígenas, una pieza considerada clave para la pacificación del sureño estado de Chiapas.
La posición oficial quedó definida después de que la comandancia de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazó cuatros observaciones gubernamentales a un proyecto legal preparado por una comisión del congreso mexicano que media en el conflicto, dijeron distintas fuentes.
"El EZNL rechaza las observaciones", afirmó en la madrugada de ayer lunes, durante una mesa redonda sobre Chiapas, difundida por una red televisiva, el sacerdote Gonzalo Ituarte , secretario de una paralela Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que también media por la paz en Chiapas. Emilio Rabasa, principal negociador oficial para la paz en Chiapas, dijo durante otra entrevista televisiva que los zapatistas dejaron sentado, en un reciente comunicado, que las observaciones gubernamentales deben ser planteadas a la comisión mediadora del congreso y no a la comandancia del EZLN.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), creada por el congreso mexicano en marzo de 1995, elaboró en noviembre de 1996, tras varios meses de consultas con el gobierno y los jefes zapatistas, un proyecto legal de reforma constitucional sobre derechos para casi 10 millones de indígenas en el país.
El proyecto surgió de un Acuerdo sobre Derechos Y Cultura Indígena firmado en febrero de ese año por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y la comandancia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, surgido como el primero de un diálogo de paz entablado 10 meses antes.
Miembros de la Cocopa dijeron entonces que el EZLN había dado su conformidad al proyecto que, sin embargo, mereció posteriormente 27 observaciones gubernamentales , reducidas en febrero de este año a cuatro.
El Secretario de Gobernación (ministro del Interior), Francisco Labastida, quien en enero sustituyó a Emilio Chuayffet y promovió la revisión de las objeciones oficiales al proyecto, afirmó en febrero que las cuatro más recientes observaciones sería no "irrenunciables" para el gobierno.
