La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana (CNDH) acusó hoy a la Fiscalía federal de haber empleado testigos falsos para enjuiciar a tres mujeres por el presunto secuestro de seis agentes federales.
En un comunicado, la institución apuntó a que la Fiscalía construyó el caso contra Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González con "testimonios de oídas y falsos testigos".
Los hechos tienen su origen en un operativo realizado el 26 de marzo en el poblado de Santiago Mexquititlan, en el central estado de Querétaro, donde efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) causaron daños a la mercancía de varios comerciantes, de acuerdo a la CNDH.
Estos retuvieron a los agentes, hasta que finalmente los dejaron ir a todos excepto a uno para que fueran a por 70.000 pesos (unos 5.200 dólares) para cubrir los desperfectos.
Los agentes denunciaron más tarde la situación, sin aportar su datos personales, lo que ha imposibilitado que se mantenga un careo entre ellos y las acusadas, según la CNDH.
El organismo apunta, asimismo, a que tres de los agentes que fueron retenidos se encargaron después de las investigaciones, lo que pone en duda su imparcialidad.
Los efectivos federales manifestaron haber sido retenidos por un grupo de entre 80 y 100 personas, pero la investigación no ordenó la localización de los acusadores para que rindieran testimonio y se deslindaran las presuntas responsabilidades.
Tampoco se realizaron pruebas periciales de reconocimiento para varias personas señaladas por los agentes, además de las agraviadas; ni se tomó acción alguna para localizar a las quince personas que según los agentes tomaron el dinero que ellos entregaron.
La investigación, realizada con base en tres fotografías de las inculpadas, comprende también diversos testimonios de supuestos testigos que no proporcionaron sus datos. La causa penal acumula también errores.
Por todo este compendio de presuntas irregularidades, la CNDH giró una recomendación para el fiscal general, Eduardo Medina Mora, con objeto de señalar la conducta no ajustada a derecho de servidores públicos para que se sancione y se corrija su actuación.
