Democracia y justicia mostraron fortaleza para vencer a la impunidad en Perú
La democracia y la justicia mostraron su fortaleza para conseguir que se derogara un polémico decreto que abría una puerta para la liberación de militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos en Perú, destacaron hoy a Efe juristas y analistas peruanos.
"Felizmente en una sociedad democrática, los sectores de opinión se han manifestado (contra la norma) a través de los medios de comunicación, las instituciones privadas y públicas y a través de organismos internacionales", destacó hoy a Efe el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán.
De similar opinión fue el fiscal supremo adjunto peruano Avelino Guillén, elegido en 2008 entre los cien personajes del año por el diario español El País por su rol en los juicios seguidos al ex presidente peruano Alberto Fujimori.
"Es un triunfo de la justicia y una derrota evidente de una estrategia de impunidad que se quiere implantar hace varios años en el país", remarcó Guillén a Efe.
El decreto legislativo 1097, que fue derogado hoy por el Congreso en una sesión extraordinaria, permitía sobreseer las causas por violaciones a los derechos humanos si en 36 meses, desde la instrucción, no se dictaba sentencia.
Además, indicaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad regía para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese convenio, aunque hoy el Gobierno agregó, en una fe de erratas, que su aplicación no debería ir "en perjuicio" de la jurisprudencia de instrumentos interamericanos y del Tribunal Constitucional.
Los detractores de la norma habían denunciado que el 1097 otorgaba impunidad a los militares y policías que cometieron crímenes contra los derechos humanos, ya que la mayor parte de los procesos abarcan hechos cometidos cuando el Estado combatió al terrorismo (1980-2000).
Incluso el relator especial de las Naciones Unidas para terrorismo y derechos humanos, Martin Scheinin, opinó la semana pasada en Lima que el 1097 generaba "un clima de impunidad".
Sin embargo, para el reconocido periodista Gustavo Gorriti la estocada final a la polémica ley la dio la renuncia del escritor Mario Vargas Llosa a la presidencia de la comisión para la construcción del Lugar de la Memoria para recordar a las víctimas del terrorismo en Perú.
Vargas Llosa calificó el decreto de "amnistía apenas disfrazada" en una misiva que le envió ayer al presidente Alan García desde París, y horas después, el Ejecutivo pidió al Congreso que derogara la ley, que él mismo emitió en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso para legislar.
"Es una enmienda del presidente de la República, un cambio brusco en su accionar político. Ha significado la desautorización y la salida inmediata del gabinete del extremista de derecha Rafael Rey (ministro de Defensa)", acotó Gorriti a Efe.
Añadió que con la derogatoria de la norma y la remodelación que hizo hoy de su gabinete, Alan García "queda fortalecido", pero falta ver "cómo se recompone el conjunto de grupos que tienen cierto juego y capacidad de acción dentro del Gobierno", reflexionó Gorriti.
Aunque el presidente García rechazó hoy que la renuncia de Vargas Llosa lo haya llevado a pedir la derogatoria, admitió que la marcha atrás respondió a que "había muchas interpretaciones y, en muchos casos, malas malinterpretaciones" sobre el tema.
En medio de los comentarios y versiones contradictorias, García Sayán destacó que "la velocidad con la que se ha reaccionado (para derogar la norma) correspondía a la gravedad del problema que se había generado".
Desde que se promulgó el decreto, ex altos jefes militares y miembros del "escuadrón de la muerte" Colina, creado durante el régimen de Fujimori (1990-2000) pidieron que las investigaciones y procesos que se les siguen por denuncias de violaciones a los derechos humanos sean archivados o declarados prescritos.
Aunque los tribunales todavía no se han pronunciado sobre estas solicitudes, el fiscal Guillén dijo que está convencido de que los juzgados rechazarán los pedidos.
Instó al Estado peruano a "dotar suficientemente de recursos materiales y humanos para que estos procesos (por violación a los derechos humanos) culminen en un plazo razonable", tras precisar que la justicia debe respetar el principio de igualdad de las víctimas y los supuestos criminales.
