Desafío**El Ejecutivo, en pleno, decidió ayer acabar con la institucionalidad democrática, al hacer causa común con la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí, al manifestar ayer que no permitiría al fiscal electoral, Gerardo Solís, ingresar a la ca

Desafío**El Ejecutivo, en pleno, decidió ayer acabar con la institucionalidad democrática, al hacer causa común con la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí, al manifestar ayer que no permitiría al fiscal electoral, Gerardo Solís, ingresar a la casa de gobierno a buscar la información que la funcionaria le niega, sobre el uso de la partida discrecional asignada a su despacho, lo cual es necesario para resolver una denuncia.
Fiscal**Bien lo explicó el magistrado y profesor de Derecho Constitucional, Edgardo Molino Mola. El fiscal tiene el deber de investigar los delitos y faltas electorales. Y, en este, caso, la denuncia es por supuesta utilización indebida de fondos de dicha partida para la campaña política de un candidato. Al serle negada la información por quien la tiene, su obligación es ir por ella a donde esté.
Prepotencia** Por lo demás, la negativa de dar la información a quien tiene el deber de examinarla para esclarecer una denuncia, es delito de desacato. Y la suicida acción de una mal entendida solidaridad, no es más que obstrucción de la justicia e impedir el normal desenvolvimiento de uno de los órganos del Estado. Todos arriesgan ir a la cárcel. ¡Mírense en el espejo de Arnoldo Alemán y de Alfonso Portillo!