La desconfianza en la Justicia y la falta de presencia del Estado en gran parte del país son las principales causas de los linchamientos en Bolivia, según coinciden Gobierno, opositores, medios de comunicación y el defensor del Pueblo.
El reciente linchamiento en una localidad del altiplano ha reavivado en Bolivia la polémica sobre este tipo de castigo, que acaba con muertes, y su relación con la llamada "justicia comunitaria", como se conoce a la que aplican tradicionalmente los pueblos indígenas.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, de etnia quechua, insistió hoy en defender la "justicia comunitaria" porque "siempre ha existido" en paralelo al Estado y es "rápida, gratuita y reparadora".
Sin embargo, Torrico también quiso dejar claro que "los linchamientos no pueden ser asociados con la justicia comunitaria", una opinión que comparte el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien califica estos ajusticiamientos como "simples hechos delictivos".
Albarracín, citado por la agencia estatal ABI, estima que "estos hechos se dan porque, ante esa falta de seguridad, se opta por hacer justicia por su propia mano", debido a la inoperancia del Estado y de la administración judicial.
En ese sentido, el viceministro de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona, reconoció que existen "problemas de fondo" en Bolivia y recordó que la justicia ordinaria "no llega a todos los puntos" del país y que, por lo general, "llega mejor a quien tiene plata".
El pasado lunes en la localidad andina de Achacachi, feudo de los "ponchos rojos" (indígenas radicales afines al presidente Evo Morales), once presuntos ladrones fueron sorprendidos "in fraganti" y sometidos a lo que los lugareños consideraron "justo": un linchamiento, en el que murieron dos personas.
El mismo alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, quien facilitó la entrega de los supuestos ladrones a la policía, aseguró hoy que en su pueblo se van a "organizar" para no permitir que ningún lugareño sea detenido por haber aplicado esta medida.
En declaraciones a radio Erbol, Rojas argumentó que los habitantes de su pueblo "actuaron para defenderse" de "varias decenas" de ladrones que estaban actuando, dijo, con mucha violencia.
Según los medios bolivianos, la "ola de linchamientos" en Bolivia ha causado ya 17 muertos en lo que va del año, entre ellos tres agentes de policía que fueron acusados de extorsión en una población rural en febrero pasado.
Además del linchamiento, otra forma de castigo que aplican algunas comunidades, fundamentalmente de los bosques tropicales de Cochabamba, es el llamado "palo santo", que consiste en atar al delincuente a un árbol para que sea mordido por las agresivas hormigas de la zona.
Pero estas "penas" no son exclusivas del área rural. En La Paz, como en otras ciudades bolivianas, no es raro ver muñecos ahorcados en las farolas como advertencia para los posibles ladrones, quienes serán linchados por los vecinos si son sorprendidos.
Esta misma semana en El Alto, ciudad de casi un millón de habitantes aledaña a La Paz, tres jóvenes que presuntamente habían robado un piano eléctrico fueron rescatados por la policía cuando estaban a punto de morir también linchados.
La "justicia comunitaria" fue incluida bajo el nombre de "jurisdicción indígena originaria campesina" en el proyecto de Constitución que se votará el próximo 25 de enero.
El proyecto constitucional, que patrocina el Gobierno de Evo Morales, dispone que la justicia indígena originaria campesina será ejercida "por sus propias autoridades" y en "igualdad jerárquica" con la jurisdicción ordinaria.
El texto señala, además, que "aplicará sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios", y que éstos incluyen el respeto al "derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías".
Sin embargo, para Luis Vásquez, abogado constitucionalista y senador de la agrupación opositora Poder Democrático y Social (Podemos), los casos de linchamientos "destrozan" la propuesta del Gobierno de llevar adelante un proceso integral de justicia indígena.
Vásquez, en declaraciones a la televisión ATB, denunció que los linchamientos se están produciendo ante la "pasividad" del Gobierno, que "no ha hecho nada para evitarlos".
El senador abogó por "recuperar la verdadera esencia de la justicia comunitaria que realmente es otra cosa, es pacífica y respeta los derechos humanos".
También los medios han denunciado la actitud del Gobierno, como el diario La Razón, que hoy llama a la reflexión al Ejecutivo, del que dice que "de diferentes maneras ha venido apoyando la justicia comunitaria sin terminar de orientarla para que todos los bolivianos (...) tomen real conocimiento de lo que significa en la práctica".
Por su parte, La Opinión de Cochabamba advierte en su editorial que el país "ha ingresado en una vorágine donde el ajusticiamiento de personas lo está convirtiendo en uno de los más atrasados del planeta".
