Alrededor de mil funcionarios públicos han sido despedidos de sus cargos a sólo una semana de la toma de posesión de la Presidenta Mireya Moscoso, denunció Leandro Avila, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos.
La declaración fue hecha el pasado jueves, durante entrevista con este medio, en la que mostró su preocupación pues dijo tener conocimiento de que los despidos se harán paulatinamente en los próximos cuatro meses.
Eso significa que si en una semana hay mil despedidos, en cuatro meses la cifra obviamente sobrepasará con creces las expectativas sobre este tema.
Una de las entidades más criticadas por Avila fue el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se han registrado decenas de despidos.
En ese sentido, el vocero de ese ministerio, René Hernández, enfatizó que únicamente se ha despedido a los funcionarios de confianza y a los que tenían contratos con esa entidad.
Lo cierto es que al llegar a una oficina pública, basta dar un vistazo para percibir el ambiente de incertidumbre muy propio de los cambios de gobierno.
"¡Hola!, yo soy Alberto Pérez y tengo 20 años de trabajar aquí!". Esta es la forma clásica en que se presentan los funcionarios más antiguos ante los recién llegados, especialmente si serán sus superiores, como diciéndoles "yo tengo muchos años invertidos en esta institución y no sería justo que me botaran".
Entretanto, quienes observan los toros desde la barrera, comentan "¡lo que hace un empleado por cuidar su pan!"
Y afuera o en cada antesala de las oficinas de los funcionarios de más alto rango, como ministros, directores, gobernadores, legisladores, alcaldes y representantes, la presión de los que buscan un empleo es tanta, que esos recintos parecen un "hervidero de gente", como los calificó un interiorano que visitó la Asamblea Legislativa recientemente.
Ese es el panorama en cada entidad, y como dice un adepto al nuevo gobierno: "si hubiera ganado el PRD, la presión de los ministros, directores, gobernadores, legisladores, alcaldes o representantes no hubiese sido tanta porque ya los puestos estaban ocupados por perredistas".
ABOGADO DEL PRD DA EL BENEFICIO DE LA DUDA
Así las cosas, el hoy partido opositor, PRD, le da el beneficio de la duda al nuevo gobierno con relación a la estabilidad laboral, pues es sabido que cada ministro o director tiene el derecho de reorganizar su equipo de trabajo con personas que sean de su confianza y que estén de acuerdo con el programa de trabajo que van a ejecutar.
Ha habido despidos, pero el abogado Humberto Toala, de la comisión creada por el PRD para atender gratuitamente los casos de despidos de sus copartidarios, no los catalogaba, al menos hasta el jueves, como masivos. Sin embargo, ese día dijo no tener las cifras exactas que manejaba la FENASEP.
Toala, no obstante, señaló que si bien no han sido masivos, la verdad es que tampoco han sido selectivos. Esto es así porque han sido despedidos hasta trabajadores manuales, quienes con un salario ínfimo mantenían a humildes familias.
Lo que está imperando, dijo, es un concepto malévolo de espacio político, lo que no es adecuado para empezar un nuevo gobierno.
¿PUEDEN BOTAR LOS DIRECTORES?
Por su parte, Leandro Avila señala que incluso se ha dado una situación preocupante por cuanto atenta contra las reglas establecidas. Sucede que los ministros ya pueden actuar con plenos poderes porque tomaron posesión ante la Presidenta Moscoso, pero los directores de entidades descentralizadas no han sido ratificados por la Asamblea Legislativa y, por tanto, no están facultados para ejercer ni tomar posesión de sus cargos y mucho menos para despedir a empleados públicos.
Esta disposición está contenida en el artículo No.2 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 de Carrera Administrativa.
Este caso se dio en el Instituto Panameño de Turismo (IPAT), donde su directora despidió a tres funcionarios sin tener la potestad aún para hacerlo.
El secretario general de FENASEP informó también que en el Ministerio de Economía y Finanzas es donde más despidos se han dado. Van más de 40 funcionarios, pero tiene conocimiento de que serán entregadas más de 100 cartas de despido por cargos insubsistentes en los próximos días.
En el resto de las instituciones hay listas de 80 personas para ser despedidas.
Denunció Avila que en la Autoridad del Canal se despidió al 90% de sus trabajadores, entre ellos, mensajeros, trabajadores manuales, secretarias y demás. Esto se hizo en una entidad donde se supone que la política no puede imponerse y en la cual la Presidenta se comprometió a no inmiscuir la política partidista en la toma de decisiones.
En los municipios de Colón, Panamá y San Miguelito se han dado decenas de destituciones. En el caso del de Panamá, Avila aseguró que el alcalde Juan Carlos Navarro le informó que, en efecto, se despidió a 180 funcionarios que por razones de nepotismo tenía nombrados la exalcaldesa Mayín Correa, además de los cargos de libre nombramiento y remoción.
Allí también se había nombrado empleados después de las elecciones del 2 de mayo.
Entre todas las instituciones y estos tres municipios hay más de mil trabajadores destituidos.
IRONIA
La ironía del marco legal de estas acciones, es que los mismos creadores de la ley en 1994 son las que la violentan, según Avila, toda vez que la misma fue firmada por el hoy vicepresidente Arturo Vallarino, Guillermo Ford, Ivonne Young (ministra de la Presidencia) y el legislador y entonces secretario general de la Asamblea, Rubén Arosemena.
Esta ley data desde el gobierno de Guillermo Endara.
Avila explicó que el artículo 152 de la Ley de Carrera Administrativa tiene 16 causales de despido, sin embargo, por ningún lado dice nada sobre el término "insubsistente", que es el que se está aplicando para destituir a los empleados públicos.
Agregó que esta ley rige tanto para los funcionarios de carrera administrativa como para los que no están amparados por ella (la carrera administrativa).
Anteriormente regía el Código Administrativo, sin embargo, hay un fallo de 1996 de la Procuraduría de la Administración en el que se especifica que el espíritu de los legisladores era que todo empleado público estuviera amparado por una ley, no importa si estaba o no en carrera administrativa, y que todo lo contenido en el Código Administrativo quedaba nulo. En consecuencia, para los trabajadores del sector público rige la Ley de Carrera Administrativa.
Ahora bien, si hay alguna disposición que no esté contenida en esta ley, entonces rige supletoriamente el Código Administrativo, destacó Avila.
Es por esta razón, que el secretario general de FENASEP dice aferrarse a la citada ley para defender a los trabajadores públicos.
Al preguntársele del porqué en 1994, cuando el gobierno anterior despidió también a empleados públicos, FENASEP no se pronunció tan vehementemente, Avila manifestó que en aquel momento se renovaron todos los cuadros de esa asociación y fue cuando él inició sus funciones como secretario general.
Asimismo, la ley acababa de ser expedida en junio de ese año y contenía un cronograma de implementación que duraría tres meses, más otros trámites que se extenderían hasta septiembre de 1997, cuando se emite el Decreto 222 del 3 de septiembre de 1997 que norma la ley.
De ahí en adelante es cuando empieza a ponerse en práctica para la defensa del empleado público.
Cabe destacar que hay alrededor de 39 mil empleados públicos, de los cuales 70 mil son cubiertos por leyes especiales, tales como los bomberos, los policías, enfermeras, funcionarios de la Contraloría, entre otros.
En tanto, hay unos 65 mil funcionarios que no cuentan con un régimen legal que los ampare, pues en la Carrera Administrativa sólo han ingresado unos 8 mil.
Entretanto, cientos de los mil trabajadores despedidos tanto en instituciones descentralizadas, como en ministerios y municipios, hacen fila ante las diversas instancias, ya sea de sus partidos políticos o en sus antiguas oficinas para tratar de recuperar sus empleos.
PRD EN MORA CON FUNCIONARIOS
El abogado del Partido Revolucionario Democrático, Humberto Toala, quien forma parte de la comisión nombrada por ese partido para atender los casos de despidos de sus copartidarios, opina que es injusto que todo gobierno despida a cientos de empleados públicos cuando llega al poder.
Sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de acabar con los espacios políticos, pues la realidad es que son muy pocos los funcionarios acogidos a la Ley de Carrera Administrativa.
La comisión de la cual forma parte el abogado atendió en la pasada semana alrededor de un centenar de despedidos.
Reconoce que en su momento, el PRD también cometió lo que hoy califica como un error: destituir a los empleados públicos por el concepto malsano del espacio político.
El total de despedidos ya sobrepasa el índice de funcionarios de confianza, señaló, al tiempo que aseguró que el PRD tiene una mora con respecto a los derechos de los trabajadores, especialmente al de la estabilidad laboral y al de salario justo.
Esta mora se ve sobre todo, en la mínima cantidad de empleados públicos amparados por la Carrera Administrativa. Durante los cinco años en que fueron gobierno, fueron muy pocos los que se acogieron a este beneficio.
Mostró su preocupación porque el actual gobierno ya muestra los mismos síntomas de revanchismo que desplegó en 1990, cuando el contexto después del 89 era otro muy distinto al actual.
Si sigue así, dijo, se dedicará al revanchismo, la persecución y a desandar lo andado, dejando de lado el desarrollo del país.
NIEGAN DESPIDOS MASIVOS
El periodista René Hernández, vocero del Ministerio de Economía y Finanzas, negó que se estén dando despidos masivos en esa entidad y aseguró que lo que se ha hecho es terminar la relación de trabajo en el caso de trabajadores nombrados por contrato.
Explicó que esos contratos tienen una disposición que indica que el empleador puede dar por terminada la relación de trabajo en cualquier momento, dando el aviso correspondiente.
Añadió que la población debe recordar que la Presidenta Mireya Moscoso solicitó al exmandatario Ernesto Pérez Balladares, que no efectuara nombramientos que se extendieran después del 31 de agosto. A esto se le hizo caso omiso.
En cuanto a la planilla del ministerio, Hernández señaló que el ministro Víctor Juliao necesita personas de su confianza en los cargos que así lo requieren. De ahí que las personas que los ocupaban no pueden seguir haciéndolo. Sin embargo, esa es una minoría, pues la mayoría de los destituidos habían sido nombrados por contratos.
En muchos de los cargos que han quedado vacantes no se ha nombrado a otras personas, pues en algunos no es necesario hacerlo, si se quiere seguir la política de ahorro decretada por la Presidenta Moscoso.
Hernández enfatizó que no se puede negar que hay una legión de panameños que no tiene trabajo y que también necesita un empleo. La presión es mucha, indicó.
Otra fuente que pidió el anonimato, señaló que incluso en los cargos de confianza se está nombrando por contrato y con las mismas cláusulas de los anteriores.
¿POR QUE FENASEP APOYO AL PRD?
Una pregunta que no podía dejar de hacérsele a Leandro Avila es el porqué apoyó al excandidato presidencial Martín Torrijos, cuando éste representaba al gobierno de entonces. Su respuesta fue precisa: lo hizo la FENASEP (no él únicamente), porque fue el único candidato que se comprometió con los funcionarios públicos a aprobar el derecho a sindicalización de estos empleados, al pago de los décimo tercer mes adeudados a los funcionarios y a la puesta en práctica de la carrera administrativa.
Los otros dos candidatos evadieron respuestas concretas, sustentó.
Criticó el hecho de que cuando los trabajadores se ponen de acuerdo para apoyar una acción o a algún aspirante a cualquier cargo, los políticos los critican. Sin embargo, cuando ellos lo hacen, tal como lo han demostrado en la actual Asamblea, entonces no ven nada pecaminoso.
Ahora atacan también al Sindicato Unico de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) o a la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) porque apoyan a Juan Jované para la dirección de la Caja de Seguro Social. Todo esto lo hacen porque no quieren ver unida a la clase popular, se lamentó Avila.