La policía boliviana detuvo a seis dirigentes cívicos del departamento sureño de Tarija, fronterizo con Argentina, por su presunta implicación en el atentado contra un gasoducto que abastece de gas a Brasil, informó hoy el Gobierno.
Entre los detenidos en la tarde de ayer en la ciudad oriental de Santa Cruz está el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, al que se le acusa de participar en el atentado del gasoducto en la localidad tarijeña de Villamontes que causó la disminución de la exportación de gas natural hacia Brasil.
En declaraciones a los medios, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, informó que los seis detenidos fueron trasladados en la mañana de hoy a la ciudad de La Paz donde serán juzgados por su implicación en los "atentados terroristas en el Chaco" boliviano.
El atentado de Villamontes se produjo dentro de la ola de enfrentamientos y manifestaciones que vivió Bolivia el pasado mes de septiembre.
Rada, que recordó que ya hay un ciudadano detenido desde hace algunos meses y al que se le considera el "autor material del atentado", dijo que se cree que hay más implicados en el suceso y advirtió de que "ningún ciudadano va a gozar de impunidad".
En este sentido, instó al presidente del Comité Cívico cruceño y uno de los principales opositores al Gobierno de Evo Morales, Branco Marinkovic, a que "no huya del país, rinda cuentas ante la justicia" y a "preparar su defensa legal".
"Le instamos a no huir del país", dijo Rada al señalar que el presidente cívico cruceño está preparando un viaje a Estados Unidos. Y pidió a este país a que no le dé asilo político.
Según el ministro, uno de los imputados, el dirigente cívico tarijeño de la provincia O"Connor, Domingo Moreno, vinculó a los atentados contra gasoductos al cívico cruceño y además, dijo, hay datos en las investigaciones que podrían corroborar esa relación.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, pidió, en declaraciones recogidas por el diario La Razón, pruebas de las acusaciones planteadas.
Según Costas, "el Gobierno quiere empañar la imagen del Comité Cívico" porque denuncia que la Constitución que se someterá a referendo el próximo 25 de enero "obliga a los departamentos a entregar todos sus recursos (...) para que sean manejados por políticos centralistas desde La Paz".
