Un ex funcionario sanitario de la provincia argentina de Buenos Aires quedó hoy detenido por orden de un juez federal que investiga una "mafia" para la venta de medicamentos caducados o adulterados, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Alberto Costa, ex secretario de control sanitario provincial, quien ha sido imputado por el juez Norberto Oyarbide del delito de "asociación ilícita".
Acompañado por su abogado, Costa se entregó ante el magistrado, quien este lunes había pedido su detención por este escándalo.
Este ex funcionario es el octavo detenido del grupo acusado de dicho delito, que encabezan el poderoso dirigente gremial Juan José Zanola y el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, quienes fueron arrestados este lunes junto a otras cinco personas, entre ellas la pareja del sindicalista.
Zanola, líder del sindicato de empleados bancarios desde hace décadas, ha negado su responsabilidad en el tráfico de medicamentos vencidos o adulterados y atribuyó los cargos en su contra a disputas internas en el gremio.
A comienzos de este mes el juez había ordenado decenas de registros en Buenos Aires y su periferia, donde se detuvo a diez personas y se les incautó medicamentos vencidos y troqueles falsos, además de documentación y unos 40 computadores.
La causa por la "mafia de los medicamentos" pone en tela de juicio a entidades médicas manejadas por sindicatos, acusadas de falsificar historiales clínicos y adulterar fármacos en el país.
El caso estalló a comienzos de septiembre con la detención de Lorenzo, dueño de la distribuidora farmacéutica San Javier y proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales, quien fue apresado y liberado luego bajo fianza.
La empresa de Lorenzo abastece a mutualidades de otros sindicatos que están bajo investigación.
En principio, a Lorenzo se le acusa de haber defraudado al Estado por una suma que puede ascender a los 600 millones de pesos (unos 155 millones de dólares).
El caso ha salpicado al Gobierno, ya que el juez Oyarbide reveló meses atrás que en la vivienda de Lorenzo se halló "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de 2007 de la presidenta del país, Cristina Fernández.
