Diplomáticos europeos en Bolivia han expresado al Gobierno de Evo Morales su preocupación por el posible enjuiciamiento de ex presidentes mediante la nueva Ley de Juicio de Responsabilidades que tramita la Asamblea Legislativa del país.
Fuentes diplomáticas confirmaron hoy a Efe que, en algunos encuentros con altas instancias del Gobierno de Bolivia, se ha trasladado "cierta preocupación" por esos eventuales juicios contra tres ex mandatarios que precedieron a Morales: Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002).
La Asamblea boliviana está a punto de aprobar una nueva ley para acelerar los juicios de responsabilidades contra ex presidentes o ex autoridades nacionales que fueron acusados en el primer mandato de Evo Morales de haber cometido delitos en contra del Estado.
En el caso de Quiroga y Mesa, fueron acusados en 2006 por la Fiscalía General de violar la ley e incluso la Constitución por la suscripción de contratos petroleros con multinacionales.
Por su parte Rodríguez Veltzé fue acusado en 2006 de sometimiento a dominio extranjero y espionaje, por haber autorizado la destrucción por Estados Unidos de 41 misiles de las Fuerzas Armadas bolivianas.
Los diplomáticos europeos que han conversado del asunto con autoridades nacionales les han sugerido que estos procesos pueden afectar a la imagen de Bolivia en el exterior, dijeron las fuentes consultadas por Efe.
Según el semanario boliviano Pulso, que revela en su edición de esta semana esas conversaciones, los diplomáticos opinan que se trata de acciones "innecesarias, en la medida en que el presidente Morales cuenta con una gran popularidad nacional y un indiscutible apoyo internacional, sobre todo de los países europeos".
Otro de los motivos de inquietud es que esos procesos se abran en la actual "transición judicial" que vive Bolivia, donde más de la mitad de los magistrados del Poder Judicial ha sido nombrado directamente por el presidente Morales en febrero para cubrir las "acefalías" en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, entre otras instancias.
Esos nombramientos judiciales tienen carácter interino hasta que el 5 de diciembre próximo se aplique la novedosa fórmula que establece la actual Constitución del país para elegir a las autoridades del Poder Judicial mediante voto popular.
La norma para acelerar los juicios contra ex autoridades del país y la también inminente ley anticorrupción que permitirá investigar fortunas sospechosas, incluso con carácter retroactivo, han provocado numerosas críticas entre la oposición, que teme que ambas sean usadas para la "persecución política".
En una reciente entrevista con Efe, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, aseguró que se trata de normas "profundamente necesarias" para Bolivia y que "no se han planteado para perseguir a nadie" sino para respetar la voluntad de la mayoría de los bolivianos.
