Un grupo de diputados presentó hoy una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de un convenio que permite el ingreso de buques militares de Estados Unidos a aguas costarricenses para combatir el narcotráfico.
El recurso, firmado por la fracción del opositor Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), plantea que el convenio lesiona el artículo 12 de la Constitución Política, en el cual se declara proscrito el ejército del país.
Ese artículo también indica que "para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias" y que "sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil".
La diputada del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, afirmó hoy en el Plenario legislativo que el convenio tiene roces con la Carta Magna porque los oficiales que contempla estarán bajo órdenes militares y participarán en operativos.
El recurso de inconstitucionalidad también plantea que la Asamblea Legislativa debe otorgar permiso para cada una de las naves, individualmente, que ingresarán a territorio costarricense y no de manera "genérica" como se hizo la semana pasada.
La Asamblea Legislativa renovó el pasado jueves para el período que va del 1 de julio al 31 de diciembre próximo el convenio bilateral con EE.UU. de vigilancia conjunta contra el narcotráfico en aguas costarricenses, vigente desde 2000 y sujeto a renovaciones periódicas.
Sin embargo, esta vez contempla la posibilidad de que 7.000 oficiales y 46 embarcaciones militares estadounidenses puedan participar, lo que ha despertado fuerte críticas en un país muy sensibilizado con el tema militar y que abolió su ejército en 1948.
Las autoridades aseguran que las naves y oficiales no estarán todos al mismo tiempo en aguas costarricenses, sino que se rotarán dependiendo de su disponibilidad.
La polémica obligó a la presidenta del país, Laura Chinchilla, a salir en defensa del convenio el pasado martes, cuando rechazó que represente un riesgo para la soberanía del país o la militarización de la lucha antidrogas.
Chinchilla aseguró que el acuerdo "implica exclusivamente a personal y autoridades de guardacostas" estadounidenses y no personal militar.
"Son naves militares pero bajo el comando de autoridades policiales y de guardacostas", aseguró.
La presidenta ha dicho que el combate al narcotráfico es una prioridad, en un país que en los últimos cuatro años decomisó un total de cien toneladas de cocaína y que, según las autoridades, dejó de ser un lugar de paso de la droga para convertirse en bodega y hasta centro de logística de las bandas narcotraficantes.
