La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó hoy con los votos a favor del oficialista Frente Amplio y del minoritario Partido Independiente el proyecto de Ley de Presupuestos que orientará la política económica del país para los próximos cinco años.
Ahora esta ley tendrá que ser debatida artículo por artículo en la cámara baja del Parlamento antes de pasar al Senado para su aprobación definitiva.
Según explicó a los medios locales el diputado frenteamplista Gustavo Bernini, el presupuesto aprobado por los legisladores apuesta por destinar a políticas sociales dos tercios de los recursos asignados, con lo que se podrá alcanzar "la utopía de eliminar la indigencia y reducir a la mitad la pobreza".
"La economía de Uruguay está sólida y en crecimiento y el Gobierno distribuye la riqueza", afirmó el legislador.
Sin embargo, los opositores Partido Nacional y Colorado, que votaron en contra, afirmaron que los planes económicos del Ejecutivo tienden sólo a "incrementar los gastos" y destinan demasiados recursos a crear "cargos políticos y de confianza".
Según dijeron a la prensa desde las filas opositoras, el "Gobierno gastará todo lo que ingrese, y no guardará nada para enfrentar eventuales problemas".
El diputado nacionalista Javier García lamentó también que, pese a la promesa efectuada por el presidente José Mujica de impulsar la reforma del Estado con este presupuesto, no exista en él "ninguna cláusula que hable de este tema".
Así, García criticó como una contradicción la intención de crear nuevos puestos "innecesarios" en la administración del Estado y pidió destinar esa parte del presupuesto "a la inversión en vivienda, seguridad y educación, porque son temas muy sensibles y más efectivos para mejorar".
Precisamente es el capítulo destinado a la reforma del Estado, uno de los caballos de batalla del presidente Mujica, el que más polémica está causando en el país.
Los trabajadores públicos agremiados en el sindicato COFE, el principal impulsor de la huelga general que se realizó en el país el pasado jueves, anunciaron que acudirán al Parlamento para presionar a los legisladores cuando se voten los artículos del presupuesto que tratan este tema, lo que se espera ocurra a lo largo de la semana.
La intención del Gobierno de modificar la situación de los trabajadores públicos, con reformas que entre otras cosas habilitarían el despido de los funcionarios por incompetencia y establecen un sistema de promoción basado en el mérito y no en la antigüedad, han causado fricciones entre el Ejecutivo y los sindicatos.
Así, los funcionarios se oponen a que la reforma del Estado se refleje en el presupuesto y exigen que sea negociada con ellos antes de ponerse en marcha.
