El dirigente sandinista Tomás Borge dijo hoy que interpretaron mal la propuesta del jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, de disolver la Asamblea Legislativa y que lo dicho por el gobernante sólo se trató de "humor".
"Daniel pretendió enfatizar en la imposibilidad absoluta de nombrar a 25 funcionarios por otra vía diferente a la establecida en una ley insoslayable. Sólo los partidos pueden hacerlo y en el universo exclusivo de la Asamblea Nacional", señaló Borge, único fundador vivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en un escrito que pública la emisora local La Primerísima.
"Daniel utilizó, para este énfasis, su agudo sentido del humor", matizó Borge, también embajador de Nicaragua en Perú, quien se quejó de la "mala fe" de los que interpretaron que Ortega quería disolver el Parlamento.
Ortega pidió la semana pasada al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) su apoyo para disolver el Congreso y resucitar el Consejo de Estado, con el fin de solucionar la crisis institucional que vive el país.
La iniciativa la formuló el gobernante sandinista en un encuentro con directivos del Cosep en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), 15 kilómetros al sur de Managua, en una intervención que difundieron los medios oficiales el jueves pasado.
En ese órgano, que en la década de los ochenta funcionaba a modo de Parlamento en coordinación con el Gobierno sandinista, estaban representados los partidos políticos, los sindicatos, la sociedad civil, los estudiantes, los empresarios y otras organizaciones.
La iniciativa del gobernante sandinista fue rechazada por la oposición y la empresa privada, porque atenta contra la Constitución.
En el Parlamento está pendiente la elección de una veintena de funcionarios de diferentes instituciones del Estado.
Para la elección de los altos cargos del Estado se necesita una mayoría cualificada de 56 votos de los 92 legisladores que integran el Congreso nicaragüense, algo que hasta el momento no ha podido lograr Ortega.
El gobernante ha propuesto la reelección de los diez magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), lo cual no apoya la oposición parlamentaria, que acusa a estos jueces electorales de haber cometido un fraude en los comicios municipales del 9 de noviembre de 2008, que ganaron los sandinistas.
