La Corte Constitucional de Ecuador asignó hoy a dos jueces el análisis de la legalidad de las preguntas de la consulta popular que impulsa el presidente del país, Rafael Correa, con el fin de reestructurar la justicia, entre otros.
En una reunión del pleno del tribunal se sorteó hoy la tarea entre sus miembros.
La responsabilidad recayó en Nina Pacari, que se encargará del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, y en Roberto Brunis, que se ocupará de las otras cinco, que conllevan cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.
En una rueda de prensa posterior a la sesión, los magistrados dijeron que están abiertos a la recepción de comentarios de grupos de interés y del público en general sobre las preguntas, porque "esa ya es la dinámica que ha plasmado la Corte" en otras ocasiones, explicó Pacari.
Brunis dijo, por su parte, que Pacari y él elaborarán un informe sobre si las preguntas son procedentes, que presentarán al pleno de la Corte, que deberá aceptarlo o rechazarlo, pues es el órgano "que resuelve esta situación".
Los magistrados analizarán el procedimiento que se debe seguir para la aprobación de las preguntas, así como el propio texto, explicaron. La Corte cuenta con 45 días para concluir el proceso.
Las cinco preguntas que implican un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, y también la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito plantea, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios. EFE
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